El órgano contralor determinó además que en el periodo 2012-2015 un promedio anual equivalente al 55% de las personas jurídicas sujetas al pago del impuesto no habían cancelado sus obligaciones y el Estado no ha adoptado las medidas que corresponden para sancionar ese incumplimiento.

El estudio efectuado por la Contraloría determina que 23.476 sociedades inscritas tenían tres periodos vencidos y 250.501 tenían cuatro periodos en los que no habían realizado ningún pago.

El impuesto a las personas jurídica fue declarado inconstitucional el año pasado. Sin embargo, la Sala IV aclaró que los contribuyentes estaban obligados a pagar los montos correspondientes a los años en que la ley estuvo vigente, entre 2012 y 2015.

Las sanciones por incumplir con el pago de este impuesto incluyen la disolución y desinscripción de las sociedades.

El impuesto a las personas jurídicas fue creado para generar recursos para los programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia. La mayor parte se destina al Ministerio de Seguridad y porcentajes menores a la Dirección General de Adaptación Social y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La ley le asigna al Ministerio de Justicia la responsabilidad del cobro, así como la de gestionar las sanciones para quienes incumplan. Por esa razón, la Contraloría ordenó a la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, que ejecute las acciones correspondientes para el cobro de los montos adeudados.