El veto suspende 120 días el programa de refugiados y paraliza, con la salvedad mencionada, durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de los seis citados países, todos de mayoría musulmana. Pese a su dureza, se trata de una versión aligerada del primer decreto. Nacida al calor de las proclamas electorales, la orden original incluía a Irak e impedía la entrada a viajeros con visados ya aprobados y residencia permanente.

La amplitud de estas restricciones, su profundo sesgo discriminatorio y la propia retórica de Trump desataron una gigantesca olea de protestas. El rechazo fue recogido por los jueces de primera instancia y dio pie a una casi inmediata paralización del veto.

Para superar este obstáculo, la Casa Blanca decidió aligerar su carga restrictiva y presentó una versión con menos aristas. Pero en las cortes de apelación tampoco tuvo éxito. Los recursos presentados por los Estados de Virginia y Hawái, controlados por los demócratas, hicieron hincapié en que permitir la orden, mientras se resolvía el fondo de la cuestión, podría lesionar gravemente el derecho de miles de ciudadanos, máxime si finalmente el Supremo fallaba en contra.

Los tribunales aceptaron esta advertencia e incluso señalaron que el decreto, lejos de atenerse a cuestiones de seguridad, estaba contaminado por “la intolerancia, la animosidad y la discriminación”. El éxito de las impugnaciones hizo presagiar a muchos un triunfo en el Supremo. Pero los abogados del presidente midieron bien los tiempos antes de elevar el caso.

La entrada del veto en el Supremo se materializó después de que la nominación del juez Neil Gorsuch, impulsada por el presidente, culminase con éxito. Asegurada la mayoría conservadora en la corte, la Casa Blanca se sintió con fuerza suficiente para entablar el combate.

 El principal argumento jurídico de Trump y su Administración ha sido la amenaza a la seguridad nacional que representan estos seis países "proclives al terror" y la consiguiente necesidad de establecer mayores controles. En sus razonamientos, el Supremo se ha mostrado sensible a esta lógica y ha aceptado que el interés nacional debe prevalecer sobre el posible daño que pudiese causar el veto a los viajeros y refugiados. Pero ha impuesto una limitación ante los casos más sangrantes. Los de aquellos viajeros que ya poseen algún vínculo creíble y sólido (bona fide), por ejemplo de estudio, trabajo o familiar, con ciudadanos o entidades de EEUU. Una salvedad que si bien soslaya escándalos mediáticos, deja fuera a la gran masa de refugiados o simplemente de ciudadanos de dichas naciones.

La decisión del Supremo, que vaticina un fallo favorable, es una victoria para Trump que incluso podría haber ido a más. Tres jueces, entre ellos el recién estrenado Gorsuch y el veterano Clarence Thomas, sostuvieron que el veto habría debido aplicarse en su totalidad.

“El compromiso de hoy carga al Ejecutivo con la tarea de decidir qué individuos de los seis países afectados tienen suficiente conexión con una persona o entidad de este país. Hasta que el caso quede sentenciado, esto supondrá una marea de recursos para determinar qué supone exactamente la denominada relación de buena fe”, escribió Thomas.

La observación del magistrado apunta a un arma de doble filo. En la medida en que la Administración Trump tiene que aceptar a aquellos que demuestren su vínculo con EEUU, también tiene derecho a investigarlo para determinar la veracidad de la petición. Esta capacidad le permite revisar los expedientes uno por uno y retrasarlos hasta llegar al convencimiento de que el solicitante cumple los requisitos.