La audiencia en el Contencioso, donde se esperaba la lectura de la ejecutoria de sentencia del caso Crucita, había generado una gran expectativa y causó decepción en la parte acusadora, abogados y ambientalistas que se mostraron indignados ante la nueva maniobra de Industrias Infinito para evadir a la justicia costarricense.

“Ya no sabemos cuántas veces ha sido suspendida la sentencia”, expresó el abogado litigante y actual diputado Edgardo Araya.

Todos los actores que habían sido citados en la sede del Tribunal en Calle Blancos a las dos de la tarde, se encontraban presentes en la sala de juicio, cuando se conoció de la ausencia del abogado de Infinito, Juan Carlos Hernández, por una afectación de su salud.

La jueza Lorena Montes de Oca, argumentó que todas las partes deben estar presentes en la lectura de la sentencia por lo que decidió suspenderla y fijó para el 11 de setiembre la nueva fecha en la que espera que el abogado Hernández, no tenga otra excusa.

En el caso Crucitas actúan como abogados litigantes contra Infinito, Bernal Gamboa, miembro de la organización Apreflofas, Álvaro Sagot, especialista en derecho ambiental y el actual diputado y ambientalista Edgardo Araya.

En esta ocasión y en un ambiente que el jurista Sagot había señalado de antemano como un “escenario es complejo” también se esperaba conocer los criterios de la jueza Montes de Oca sobre el traspaso a un tercero, de las propiedades de la compañía que debieron respaldar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la minera canadiense.

Así como los criterios de la Procuraduría General y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), condenados por el Contencioso como co responsables del daño ambiental en la zona de la mina.

Pero el elemento más esperado era el monto de la indemnización que Industrias Infinito tendrá que pagar al país, en el que el Tribunal basado en evidencia técnica debía ponderar los daños señalados en el informe de valoración que realizaron los peritos.

Uno, dos, tres

Sagot recalcó tres hechos que la justicia costarricense no puede dejar pasar, por el contrario, afirmó “debe tener presentes”.

El primero de estos, es la declaratoria de quiebra por parte de la minera Infinito Gold, casa matriz de Industrias Infinito en Canadá, a mediados del pasado mes de julio, cuando se acercaba la fecha para la ejecución de sentencia en el caso Crucitas.

“La quiebra, dijo Sagot, nos puso en alerta y revisamos si la jueza del Contencioso que lleva el caso, Lorena Montes de Oca, había hecho las anotaciones que le solicitamos en dos ocasiones, en las fincas de la compañía que están inscritas en el Registro de la Propiedad. Comprobamos que no las habían hecho”.

El jurista recordó que Montes de Oca, argumentó que la garantía ambiental por 600 mil dólares que la empresa depositó en la Secretaría técnica Ambiental (SETENA) cuando se aprobó el proyecto, “eran suficientes para cubrir la indemnización pero los peritos establecieron el monto entre los 6 y los 10 millones de dólares”.

Por esta razón, cuando se da la noticia a nivel internacional de la quiebra de Infinito Gold, Sagot presentó la tercera petición de embargo y la jueza que la recibió, Karen Calderón Chacón, consideró oportuno hacer algo de manera registral. Este es el segundo hecho. La supuesta venta de las fincas que se concretó el 11 de agosto anterior, en Alajuela.

“La jueza Calderón Chacón pide las certificaciones que le presentó Bernal Gamboa, de Apreflofas, el 10 de agosto, donde están libre de pelo y paja las cinco propiedades, pero en las segundas certificaciones que presenta Edgardo Araya solo dos días después (12 de agosto), ya están las anotaciones de los traspasos de las propiedades” precisó el abogado.

“La omisión de la jueza Montes de Oca, permitió a la compañía traspasar las cinco fincas que posee en Cutris de San Carlos, por un valor registral de un millón y medio de dólares ($1.500.000) a la empresa Reforestación Industrial Los Nacientes S.A. por un monto de $450.000. Se las traspasaron por menos de un tercio del valor declarado” puntualizó Sagot.

Ante esto, la semana pasada, la jueza Calderón Chacón resolvió una acción registral y entrega a los abogados los mandamientos de anotación para que se presenten al Registro de la Propiedad.

“Con esta acción, explicó Sagot, se buscaba detener el traspaso de las fincas que son los únicos bienes con que Infinito podría hacer frente a la indemnización que tiene que pagarle al país”.

El traspaso. En la copia de la escritura que recibió Informa-Tico, se lee que el apoderado generalísimo sin límite de suma de Industrias Infinito S.A, Ciro Casas Zamora, traspasa las cinco fincas a Luis Arturo Salazar Rodríguez, apoderado generalísimo de la empresa Reforestación Industrial Los Nacientes, con domicilio en el Roble de Alajuela. Los impuestos de traspaso costaron 23 millones de colones. Actúo como notario público Juan Carlos Morera Fernández, y la escritura se firmó el once de agosto de 2015, en Alajuela.

El tercer hecho. La gota que derrama el vaso es la nueva suspensión de la ejecución de sentencia por ausencia del abogado de Industrias Infinito, Juan Carlos Hernández, por una aparente dolencia que le valió al diputado Araya la expresión de “esto lo hemos oído ya varias veces”.

Después de este martes, queda la sensación de en un juicio de nunca acabar que se pospone sin sentido aparente pero que, por otro lado, le ha dado margen a la compañía minera de ocultar el patrimonio para evadir el pago de daños y perjuicios.

Araya no ocultó su molestia con lo ocurrido y dijo que esperaría que el próximo 11 de setiembre, el tribunal se pronuncie sobre la cuantía del pago por daños ambientales y la distribución de responsabilidades entre el Estado y la minera canadiense.

La Procuraduría General de la República (PGR) y el SINAC reusaron referirse a la decisión de la jueza.

El fallo de este Tribunal del 25 de noviembre de 2010, echó por tierra la concesión para la explotación de la mina de oro a cielo Crucitas, en Cutris de San Carlos, desde entonces está pendiente que se dicte la ejecución de la sentencia que debe fijar el monto de la indemnización.

En aquella ocasión, el Contencioso había señalado la responsabilidad de varios funcionarios del gobierno de Oscar Arias Sánchez en la concesión para la explotación a cielo abierto de la mina de oro y por declarar “de interés público” el proyecto de la Mina Crucitas.

Línea de tiempo

2008. Inicia el juicio contra la concesión para la explotación de la mina de oro a cielo abierto Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos.

2010. En noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo dicta sentencia en la que condena a la Industrias Infinito, al Estado y al SINAC. La sentencia responsabiliza a los tres actores, en lo que a cada uno le cabe, por el daño ambiental causado en la zona y los condena a pagar daños y perjuicios.

Después de la sentencia Infinito, la Procuraduría y del Estado, apelan el fallo ante la Sala Primera, apelación que se resuelve un año después (diciembre-2011). En la apelación la Sala Primera ratificó todo lo actuado por el Tribunal Contencioso Administrativo.

2012. Resuelta la apelación, el caso Crucitas regresa al Contencioso y los abogados piden la ejecución de sentencia y que se fije la fecha de lectura. El Contencioso argumenta que no está listo el informe técnico que establece el valor de los daños y anuncia que deja para el dictado de la sentencia el monto que los tres actores tendrán que pagar al país.

De 2012 hasta el presente, los representantes de la minera se dedicaron a presentar una serie de objeciones que alargaron el final del proceso judicial. Infinito objeto desde los peritos hasta los informes, incluso a la jueza Montes de Oca, con el argumento de que estaba parcializada. Todo esto fue declarado sin lugar por la Sala Primera.

2015. El proceso para el dictado de la sentencia definitiva del caso Crucitas se lleva más de dos años. A principios de 2015, los abogados logran que el Contencioso fije fecha para junio, pero la audiencia no se concretó porque el abogado de la minera se declara enfermo. La última audiencia había sido fijada para este 25 de agosto de 2015 y de nuevo se suspende y se fija para el 11 de setiembre.