Este jueves, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos en favor de Orlando Barrantes Cartín e Iván Angulo Vargas, en consecuencia, los absolvió de toda pena y responsabilidad por los delitos que se les imputaban. La fiscalía no logró demostrar que los imputados fueran los autores de los hechos.

Barrantes y Angulo, fueron llevados a los tribunales luego de ser detenidos por agentes policiales mientras participaban en una protesta de agricultores en Guápiles, en diciembre del año 2000, en la que defendía el derecho de los trabajadores agrícolas a formar un sindicato.

La protesta fue reprimida por la policía y varios agentes fueron retenidos por los manifestantes en medio de la confusión que desencadenó la represión. La Fuerza Pública atribuyó este hecho a Barrantes y Angulo, pero no lograron probar que se tratara de los autores. Un hecho que los dos imputados negaron siempre.

El diputado de la provincia de Limón, Gerardo Vargas Varela, celebró la noticia, dijo que “esta absolución me llena de alegría. Orlando Barrantes Cartín es un dirigente sindical que ha dedicado su vida a la lucha por los derechos de los más humildes, ya era hora de que terminara esta persecución a quien solo pretendió mejorar la capacidad de organización de los trabajadores para defender sus derechos,” señaló.

Por otra parte, Iván Angulo Vargas, ha sido un luchador social y era Regidor del Concejo Municipal de Guápiles, al momento de su detención.

Tres juicios y 16 años

Desde el año 2000, Barrantes y Angulo enfrentaron un largo proceso de juicios y apelaciones. En una primera instancia se les impuso una pena de 3 años, la sentencia fue apelada por la fiscalía, según argumentó el fiscal en aquello ocasión, la pena les pareció muy baja.

Los sindicalistas enfrentaron un segundo juicio que los absolvió de todos los cargos pero la sentencia también fue apelada por la fiscalía. La apelación abrió un tercer proceso que se resolvió en setiembre de 2015, en el que se les condenó a 12 años de cárcel, con prisión preventiva. En diciembre de ese mismo año, a Barrantes se le concedió el beneficio de descontar medidas cautelares en su casa, por graves afectaciones de salud.

Criminalizar la protesta social

Para el Frente Amplio, Barrantes y Angulo, son un ejemplo más de las estrategias de criminalización de la protesta social, en las cuales líderes de organizaciones y movimientos son acusados penalmente, obligando a invertir recursos en su defensa y amedrentando al resto de las organizaciones.

El diputado limonense Vargas Varela, mostró su preocupación “porque en nuestro país se esté criminalizando la protesta social. Durante el 2015 se dictaron varias las sentencias contra ciudadanos por participar en manifestaciones de protesta en la vía pública y este año vamos por el mismo camino” lamentó.

El diputado hizo mención a la sentencia contra Paulina Briones, ama de casa limonense, sentenciada a 5 años de prisión por participar en una protesta pública contra APM Terminals y al juicio penal que se sigue contra varios activistas por participar en una protesta pública en defensa de la Caja Costarricenses del Seguro Social.