Cuando un gobierno dispone de mayoría parlamentaria suficiente, esas discusiones generalmente son restringidas y la aprobación del presupuesto se vuelve ritual, pese a lo que digan los partidos de oposición. Cuando se carece de esa fuerza, como el gobierno actual, las discusiones se vuelven más interesantes porque afloran las diferencias de criterio en torno al papel del estado, la forma de conducción de los asuntos públicos y las metas que se quieren alcanzar.

No es una simple discusión acerca de cuánto dinero entra a las arcas públicas y cuánto se puede gastar sin endeudarse demasiado y poner en peligro la estabilidad económica del país.

Independientemente de su fortaleza en la Asamblea Legislativa, lo cierto es que los gobiernos se enfrentan a obligaciones contraídas a lo largo del tiempo, que definen en mucho lo que se puede hacer en materia de orientación del gasto público. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto en discusión, que asciende a la suma de 7.5 billones de colones, ha sido calificado por políticos y técnicos como demasiado elevado y con un déficit peligroso; sin embargo, de ese total un 33,8% se dedicará al pago de obligaciones derivadas de la deuda externa que se vencen en 2015, y que son herencia de los gobiernos pasados. Con el resto se cubren salarios y otras obligaciones, y una parte relativamente pequeña queda para los programas que el gobierno desea impulsar.

Quizás ha faltado mayor claridad y firmeza en las explicaciones dadas por Hacienda, porque lo que se destaca en la discusión pública es el aumento del 18,9% en relación al presupuesto de este año, y se insiste en la falta de dirección y los supuestos excesos en aumentos salariales, que parece contradictorio con las denuncias sobre la ineficiencia institucional en el Informe de los 100 días, y en el financiamiento a las universidades, que no se ha aclarado suficientemente que forma parte de las negociaciones realizadas por el gobierno anterior en el marco del FEES 2010-2015. Sin embargo, otras lecturas podrían indicarnos que hay una apuesta por el mejoramiento de la educación pública y un apoyo al sector agropecuario del país a través del ministerio del ramo.

Seguramente hay excesos en algunos gastos, como lo han señalado el diputado Ottón Solís, la Contralora General de la República y la fracción del PUSC. Bienvenidos los cortes si esos excesos existen, pero mucho cuidado con lo que se va a eliminar, porque se pueden afectar programas de beneficio social general. En todo caso la discusión nos vuelve a enfrentar al problema de los ingresos, la necesidad de mayor inversión pública y la urgencia de una reforma tributaria.

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