El rechazo de los Rectores de las universidades públicas a la moción del diputado Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC) fue unánime y corrió como pólvora en la comunidad universitaria nacional que entró en estado de alerta para defender el monto asignado en el Presupuesto Nacional al Fondo Especial para la Educación Superior Estatal (FEES) tras una serie de reuniones en las que las autoridades del Gobierno y Universitarias llegaron a un acuerdo.

El diputado Solís presentó, este jueves, la moción ante la Subcomisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, encargada de rendir un informe sobre el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2015 para que se recorten 91 mil 649 millones de colones al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP). De esos, 20 mil 524 millones serían recortados al monto destinado al FESS.

Los rectores recordaron el compromiso del gobierno, respaldado en la Constitución Política, de llevar al 8 % del PIB el presupuesto para financiar la educación pública costarricense por lo que el intento de recortar 20 mil 524 millones de colones del financiamiento a las universidades es una verdadera amenaza de retroceso para el país, señalaron.

Las autoridades universitarias se pronunciaron a través de un comunicado firmado por los Rectores Henning Jensen Pennington, de la Universidad de Costa Rica, Julio César Calvo Alvarado, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sandra León Coto, de la Universidad Nacional y Luis Guillermo Carpio Malavasi, de la Universidad Estatal a Distancia.

De llegar a aprobarse este intento del diputado Solís “implicaría un retroceso en la ruta trazada hacia el cumplimiento de la disposición constitucional de que se dedique a la inversión en educación pública de Costa Rica al menos el equivalente al 8% del Producto Interno Bruto del país”.

Los alcances del FESS

El FEES es el aporte presupuestario global que el Estado destina cada año para el financiamiento de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, señalaron los rectores.

El 8% del PIB está respaldado “en el texto constitucional que prevé que dicho porcentaje se debería alcanzar en el año 2014, pero, por razones de índole fiscal, el actual Gobierno de la República ha adoptado un ritmo de acercamiento al cumplimiento del compromiso estipulado por medio de incrementos presupuestarios anuales que harían que se llegase al valor acordado en el año 2018” señalan los Rectores.

“El recorte al propuesto del MEP significaría, dada su magnitud, no solo no avanzar al ritmo moderado pero constante de cumplimiento sino más bien decrecer en relación con el financiamiento otorgado para el año en curso”.

“Para las instituciones universitarias estatales, se señala en el documento, la propuesta de rebaja anunciada para el FEES traería, además de las consecuencias directas para el quehacer que se les ha encomendado, el que no se cumpliese con el acuerdo establecido con los representantes del Poder Ejecutivo integrantes de la Comisión de Enlace para la determinación del monto del FEES del 2015, en el contexto del Convenio de Financiamiento 2011-2015” agregan los Rectores.

¿Cuánto influyó la Contralora General?

La preocupación es mayor por “las razones” que se esgrimieron en la Subcomisión de Presupuesto, las que al parecer “han contribuido en forma muy significativa a gestar la propuesta de rebaja al monto del Fondo”.

En la sesión de la Subcomisión del pasado 17 de setiembre, Marta Acosta, Contralora General de la República, hizo una presentación en la que se refirió, entre otros aspectos, a la sub-ejecución presupuestaria en instituciones del Estado y a los ahorros que podrían derivarse.

Entre los ejemplos de baja ejecución citados por la Contralora estuvo la ejecución por parte de las universidades de la trasferencia que reciben del FEES. Los datos aportados (años 2012 y 2013) por la Contralora General llevarían a concluir, y así se indica como comentario general en la presentación hecha a las y los diputados “que existe una holgura presupuestaria en las instituciones ejecutantes – reflejado en altos saldos en superávit - que bien podría disminuirse a su nivel de ejecución efectiva sin que se afectara con ello el servicio a su cargo”, puntualizaron los Rectores.

La conclusión de Acosta se refleja en lo expresado días más tarde por Ottón Solís, en declaraciones citadas en la edición del diario La Nación del 23 de setiembre, con ocasión de la presentación de la denominada “megamoción” que contiene las propuestas de recortes mencionados, cuando dice: “Hay algunas instituciones que subejecutan mucho, como las universidades".

Las temerarias afirmaciones de la Contralora, activaron a los miembros del CONARE y sus grupos de apoyo, que analizaron la información presentada por Acosta al Congreso y que han encontrado “significativas discrepancias con los datos y las conclusiones a que dichos datos dan origen”.

Estas discrepancias tienen origen graves “omisiones en la exposición de aspectos muy propios de la ejecución presupuestaria (recursos comprometidos, por ejemplo) y en la atribución incorrecta al FEES de recursos cuya aplicación no correspondían al período de ejecución considerado (Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior)”.

La serie de datos y atribuciones presupuestarias incorrectos configuran un cuadro de “altos saldos de superávit” sin destino y a la consiguiente conclusión de la existencia de márgenes de reducción presupuestaria que podrían ser aplicables, puntualizaron las Universidades.

“Una vez que dichas omisiones y correcciones sean debidamente subsanadas, se va a demostrar que los niveles de ejecución en los años señalados estuvieron en el orden del 98 % para el conjunto de las cuatro instituciones”.

Las Universidades señalan que en estos momentos los Rectores llevan a cabo un conjunto “de urgentes acciones ante el Órgano Contralor y las instancias legislativas, cuyo propósito es evitar que se concrete en acuerdo la propuesta de rebaja, pero que también demuestre con la claridad debida la capacidad real de ejecución de cada institución de los recursos que genera y de los que recibe del Estado”.

Las autoridades académicas pusieron en estado de alerta a la comunidad universitaria en todo el país y a la comunidad nacional en general, y solicitaron estar atentos a la comunicación que se genere en torno a este tema.