Por Armando G. Tejeda. Finalmente no habrá diálogo ni debate cara a cara para buscar una salida al conflicto entre Cataluña y el Estado español. El presidente Puigdemont no acudirá al Senado, donde este jueves dará inicio el debate de la propuesta presentada por Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que será votada en el pleno el próximo viernes.

Lo anterior supondrá tres medidas inmediatas en la vida institucional de Cataluña: la destitución inminente de todos los miembros del gobierno (presidente y consejeros), el control de la policía autonómica los Mossos d’Esquadra, de los medios públicos de información y, por último, el control mediante una comisión de las iniciativas que se presenten en el Parlamento regional.

De forma paralela a la sesión en el Senado español, el Parlamento catalán iniciará su propio debate, a petición de Puigdemont, quien comparecerá alrededor de las cuatro de la tarde para explicar su postura.

La mayoría de su formación política, el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT, nacionalistas conservadores), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que forman el bloque secesionista, ya trabajan sobre la base de que se declarará la independencia unilateral. Es decir, no se asumirá como propia ninguna autoridad emanada de las instituciones españolas y entrará en vigor la ley de transitoriedad o de desconexión, que está suspendida por el Tribunal Constitucional, pero que para los independentistas será el marco legal en el cual se desarrollará el proceso de separación del Estado español.

Incluso el vicepresidente Oriol Junqueras fue claro sobre lo que ocurrirá en las próximas horas: España no nos ha dado otra opción que declarar la independencia. A lo que sumó la acusación de Puigdemont contra el gobierno español de pretender arrasar al autogobierno y de no mostrar disponibilidad para negociar. Este reclamo lo hizo minutos después de celebrar varias reuniones a puerta cerrada en su despacho, incluida una con el ex presidente de la Generalitat José Montilla, el único de los ex mandatarios catalanes que no procedía del nacionalismo conservador de Convergencia Democrática de Catalunya y que gobernó la región en representación del Partido Socialista de Cataluña en coalición con ERC y la entonces Iniciativa per Catalunya, hoy absorbida por Podemos.

Puigdemont ha recibido numerosas presiones esta semana, sobre todo del sector empresarial catalán, que exigen convocar a elecciones anticipadas para resolver el conflicto sin la necesidad de una declaración de independencia unilateral y también sin que se suspenda la autonomía desde Madrid.

La CUP, formación anticapitalista y feminista, advirtió que el pueblo hizo posible el referendo, por lo que hoy como el 1-O, ni un paso atrás, ya que proclamar la República es la única manera de obedecer este mandato. Ni 155, ni elecciones, República ahora.

Discrepancias en la ruta a seguir

Al interior del gobierno de Puigdemont también hay discrepancias sobre la ruta a seguir ante la disyuntiva planteada por el Estado español. Al menos dos consejeros hasta ahora fieles al proceso han cuestionado a puerta cerrada ir al enfrentamiento directo con las autoridades españolas, entre ellos el consejero de Empresa, Santi Vila, que ha recibido las quejas y preocupaciones del sector patronal, y el consejero de Justicia, Carles Mundó.

Ante la inminente declaración unilateral de independencia, el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, señaló: no me sorprende que no venga (Puigdemont), está claro que no quiere dialogar (...) esa es la actitud que se ha visto desde el principio en el presidente Puigdemont.

Mientras, en el PSOE ven con preocupación la nueva escalada de tensión y confirmaron que su apoyo al gobierno español en la defensa de la unidad territorial del país es inequívoca.

En el Congreso español el único partido que mantiene un apoyo cerrado al proyecto independentista es Unidos Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, cuestionó la decisión de Puigdemont: Los partidos que defienden la independencia recibieron más de 47 por ciento de los votos en las elecciones de 2015, un resultado excelente que les da derecho a gobernar en Cataluña, pero no a declarar la independencia. Además, la movilización del primero de octubre tampoco legitimaría una declaración de independencia, señaló.