Cuarenta años de servicio público, tantos acontecimientos que he vivido, pero qué privilegio he tenido, porque mi caso, que no es más que un accidente, ha servido para que los costarricenses reflexionemos sobre lo que significa el equilibrio de poderes, lo que significa el estado de derecho, la trascendencia de la independencia judicial.

La independencia de los jueces, la de todos, ahora garantizada plenamente para los jueces de carrera en la jurisdicción ordinaria, pero debilitada para la cúpula judicial.

Como antecedente importante debo citar el proyecto socialdemócrata en la constituyente, que en su artículo 157 establecía: “..los magistrados  tendrán derecho a  conservar su puesto, mientras dure su buen desempeño   y no hubieren cesado en sus funciones y a gozar de pensión de retiro en los términos que fije la ley, salvo en el caso de destitución….”. Una propuesta clara, definiendo lo que es un juez de la república. Este era el concepto de juez que se tenía en las raíces ideológicas del partido liberación nacional. Este texto no se aprobó, pero está en la entrañas del partido liberación nacional, porque Rodrigo facio, uno de los inspiradores de este proyecto, no ha muerto, aunque así lo crean algunos.

Vale la pena recordar lo que dijo José Figueres sobre lo que debe ser la constitución, es una referencia histórica, a un líder importante que espero que su presencia no sea sólo visible en los billetes de diez mil colones. Don José Figueres, sembró tantas ideas y actitudes, que aunque el tiempo y la realidad parece que ha enterrado profundamente su legado, las raíces están presentes en muchas conciencias y acciones del pueblo costarricense y se alojan en nuestra constitución viviente respecto del pacto fundamental y el cambio social, expresó ideas de profunda vocación democrática, cuando afirmó que “.. La constitución debe entenderse como obra de conjunto, e interpretarse siempre de la manera que más favorezca la moral y los derechos ciudadanos. El juramento que se exige al presidente de la república no es sólo el de acatar la constitución y las leyes, como un autómata, sino el de aplicar su discreción, proceder con sentido de responsabilidad y cumplir fielmente los deberes de su destino. Yo cumplo fielmente los deberes de mi destino, cuando contribuyo por todos los medios posibles, a que nuestro sistema político mejore, sin detrimento de ningún derecho ciudadano, y a que no se quede  atrás del sistema económico, del sistema social, y de todo el pensamiento democrático contemporáneo…”. [1] 

Buen consejo de don “Pepe”, que si bien su vida política fue muy polémica, debemos tomarlo de inspiración en lo que corresponda y aquí da un consejo sobre la forma en que debe interpretarse la constitución.

El criterio de la mayoría calificada que se prevé para la reelección de los magistrados, se  varió,  sin mayor sustento, rompiendo una regla informal del sistema político, en la que se consideraba que no se ratificaba el nombramiento de un juez de la cúpula, sólo en casos que hubiera algún motivo grave. El propio artículo 158 de la constitución fija como deber impuesto al magistrado,  el actuar con eficiencia, lo que permite considerar, como hilo conductor de una interpretación, que dicho concepto abarca el buen comportamiento en el desempeño de la función.

Esto significa que el acto que rechaza la ratificación requiere un motivo fundado, porque de lo contrario, conforme a la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales que interpretan el derecho internacional de los derechos humanos, se lesionaría la independencia de un juez si se interpretara que puede ser removido de su cargo sin más motivo que las razones de estado, sin tener que justificarlas. 

Ya sabemos, de sobra, lo que el  texto constitucional parece decir, eso es indiscutible, pero la interpretación no puede ser literal, textual, porque todos los actos de los órganos del estado, deben tener legitimidad, que incluye, por supuesto, el sentido y el alcance de lo que debe catalogarse como independencia judicial, que no puede concebirse si no se asegura un procedimiento estricto en la designación y garantías en su permanencia.

En las últimas décadas se ha venido gestando la pretensión de reclamarle a los jueces, especialmente a los constitucionales, el fundamento y las razones de sus decisiones, así ocurrió con la reelección de algunos compañeros de la sala constitucional. La tentación de reclamarle al juez, negarle su permanencia, por los criterios que guían sus resoluciones, es una amenaza a la independencia de la judicatura.  En algunos de los procesos de reelección en el pasado reciente,  las objeciones se expresaron, pero no se obtuvieron los treinta y ocho votos. En  el caso ocurrido el quince de noviembre, no se requería ningún argumento: privó el número. Por supuesto, que en materia de tanta trascendencia, de tanta importancia para la esencia del estado de derecho, no basta el criterio cuantitativo. 

Demasiado simple decir que el juez, no importa su nivel, es un funcionario de confianza, al que se le destituye, “porque se le perdió la confianza”. Sin que exista una objeción en el desempeño y sin ninguna motivación, no se renueva su nombramiento. Esa no es la lectura del ciento cincuenta y ocho de la constitución.

En una época en que prácticamente no hay ideologías y en la que priva un pragmatismo político, no sé si el hecho que no se prorrogue el nombramiento, será por razones ideológicas, sería interesante que así fuera, lo malo es que tampoco se dice, pues hablar de la ideología del juez, no es más que una especulación.

Destituir a un juez sin motivos, destituir a un juez para que los otros tomen nota, destituir a un juez para que sepan quién manda o para que no se excedan en sus funciones, son motivaciones que dejan sin legitimidad la decisión. En otros supuestos, como en la destitución de un ministro, se comprende, pero es que un juez no es un ministro, o pregunto:  ¿ es que debería serlo ? ¿ qué significa en una república que se destituya a un juez constitucional, por motivos de estado ?  Dejemos de lado la disquisición sobre el texto, superemos la literalidad normativa e imaginemos qué es un juez: es un funcionario que requiere independencia y eso sólo se logra si su nombramiento es por plazo indeterminado, para no decir una palabra que provoca alergia: nombramiento vitalicio. Bueno, pues los jueces ordinarios  de este país, son vitalicios. Es lo que se espera de los jueces de la república. Si el texto constitucional  puede propiciar la disolución de la condición de juez, hay que aplicar una interpretación que lo mantenga vigente.

Se ha considerado que la jubilación forzosa de jueces es una lesión a la independencia judicial, de igual forma, la interpretación literal de un texto constitucional que aparta a un juez, de su función,  sin ninguna motivación, más que el criterio cuantitativo, también es inconstitucional.

Pero hay urgencias, vienen de hace mucho tiempo. Por ahí se ha dicho que en este país gobiernan los órganos de control.  ¿ qué será ese galimatías  ? Cómo puede gobernar la contraloría, la procuraduría o los jueces.  Es evidente que existe una discusión  en el sistema político, pero no es porque le fue arrebatada la función de gobierno por los órganos de control, de ninguna forma. La creación y la imaginación no tienen límites, pero asumir que por culpa de los órganos de control, no se puede gobernar, es llevar los argumentos muy lejos. Tampoco sabemos con exactitud de qué manera la intervención de los órganos de control provocan el anquilosamiento de la maquinaria estatal. Se requiere más fluidez, pero  ¿ en qué y en beneficio de quien ?

Todo parece un diálogo cifrado, en clave, porque se habla de ingobernabilidad, de seguridad jurídica, pero no se define en qué consiste.

En el plano jurídico, estimo que el asunto es claro, mi preocupación surge en el plano político, en el que tiene ver con el ejercicio del poder. Estimar que un juez de la república, es fungible, considerar que no se requiere justificación para su remoción, porque los jueces son a la carta, definir al juez como de nombramiento a plazo, admitir que requiere advertencias, eso sí es preocupante.

No soy víctima, no me han ofendido, de ninguna manera, pero sí se ha dado un paso que ojalá no sea el primero hacia la “democradura”, hacia la dictadura en democracia.  ¿ qué hace falta en el país para poder gobernar mejor ? Qué más hace falta para desmontar el estado del bienestar,  ¿ qué más debe hacerse para enterrar en las profundidades el “estado facio” ? Esos son los interrogantes que surgen cuando analizo el contexto de un acto que se convierte en una advertencia, una amenaza para la división de poderes, para la república.

Tenemos un poder judicial con defectos, con yerros, pero ha demostrado, en medio de muchas presiones e intereses, que tiene independencia. Ha juzgado las cifras doradas de la corrupción, esto lo hicieron jueces de carrera. También jueces de carrera juzgaron un caso de tanta trascendencia económica como el de la minería a cielo abierto. ¿ será que estas decisiones hacen ingobernable el país ? ¿  será que estas decisiones dictadas por jueces independientes, que no tienen nombramiento a plazo, provocan inseguridad jurídica ? Ante estos interrogantes no deja de ser paradójico que las decisiones de los jueces vitalicios de la jurisdicción  ordinaria, sean revisadas por jueces de cúpula, que son jueces a plazo, a los que se puede destituir con la ley del número y sin motivación.

Tengo mucho que preguntar, me surgen muchos interrogantes, porque a los jueces de la cúpula judicial se les dice: tienen ocho años para portarse bien, y mejor aún, si nos parece que usted no supo ver lo que la constitución no dice, lo destituimos, para que la próxima vez, lea mejor.

Gracias a todos los compañeros judiciales, colegas y ciudadanos. Gracias a este maravilloso país que me ha permitido disentir, mejor aún, qué maravilloso que mi caso, que es uno más en que se cuestiona la independencia y prevalece la “razón de estado”,  sirva para que reflexionemos sobre el sentido de la república, el estado de derecho, el ejercicio del poder con plena legitimidad y fundamentación.

Con respeto me sometí a la decisión que el jueves quince de noviembre revocó mi permanencia en la sala constitucional, pero de igual forma, como en cualquier estado de derecho, me someto a lo que resuelva la jurisdicción sobre el contenido y el alcance de los artículos 158 y 163 de la constitución.  Respeto lo que decidió el parlamento,  pero también es importante que esa decisión se haga dentro de los límites que fija la constitución respecto del nombramiento y reelección de los jueces. Muchas gracias.