El catedrático universitario y ambientalista, Freddy Pacheco, recordó que entre los tristemente célebres decretos del gobierno de Figueres Olsen, está la directriz Nº25 que emitió el 14 de octubre de 1997 (La Gaceta Nº204, 23/10/97).

El texto dispone: "Avalar las iniciativas de los bancos Comerciales del Estado que pretenden establecer nuevas políticas salariales que estimulen la eficiencia individual de sus funcionarios y les permita competir adecuadamente con las entidades financieras privadas.  Lo anterior, en el entendido que la fijación de la nueva remuneración deberá ser precedida de estudios técnicos que la respalden, conforme criterios de razonabilidad, eficiencia e igualdad que garanticen el fiel cumplimiento de los objetivos de estas instituciones".

La renuncia del gerente general del Nacional (BN), trascendió este lunes luego de que la Contraloría General (CGR) diera a conocer un Informe sobre los excesos por pagos millonarios en incentivos a funcionarios de alto rango durante la gestión de Fernando Naranjo en la institución, los que entre 2006 a 2012 superan la suma de 78 mil millones de colones.

Al igual que Naranjo, la Contraloría menciona a otros jerarcas bancarios en el Informe sobre los excesos de la jerarquía bancaria.

Después de conocerse este nuevo caso de abusos de funcionarios de la administración pública, Pacheco sostiene que es obligación de la Comisión de Gestión del Ingreso y Gasto Público convocarlos para ser interrogados acerca de lo denunciado por la CGR, "para empezar" sugiriendo que debería investigarse cada caso para establecer responsabilidades y posibles sanciones.

Por su parte, la Contralora General, Marta Acosta, explicó este lunes en el programa de Amelia Rueda, "que las observaciones emitidas son de carácter vinculante".

Agregó que según la entidad, se establecieron plazos razonables para el cumplimiento de las medidas, entre las que destacan los mecanismos de evaluación del desempeño vinculados a los objetivos estratégicos, factores para el pago de incentivos, que no pueden interferir con los objetivos institucionales, enfatizó la Contralora.

El Informe fue remitido a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, al Consejo de Gobierno y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), con el fin de que emitan regulaciones para poner límites a la entrega de incentivos y otros excesos.

Cayó Naranjo tras Informe de la CGR

La Junta Directiva del BN aceptó la renuncia que presentó el gerente general, Fernando Naranjo, la que se haré efectiva el 1º de marzo próximo.

Su renuncia trasciende después de que se conociera el Informe de la Contraloría General de la República que señala que la entidad pagó entre el 2006 al 2012, una suma superior a los 78 mil millones de colones por concepto de incentivos tanto a trabajadores como a gerentes.

Naranjo intentó desvincular su renuncia del Informe de la CGR, pero trascendió que la decisión de adelantar su salida del puesto, para el que fue nombrado hasta 2016, está relacionada con los alcances de la denuncia.

Medidas son obligatorias

Los bancos que tendrán que reformar los modelos de evaluación del desempeño e incentivo económico por productividad y resultados, son el Banco Popular, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, en vista de la magnitud del costo total asumido por estos por el pago de los incentivos.

Señaló la CGR, que esos mecanismos tendrán que estar sujetos a criterios de razonabilidad de las políticas y la normativa en la materia así como su efecto sobre los costos operativos y las utilidades de los bancos públicos.

Pese a que la CGR reconoce la autonomía de la valoración y las decisiones tomadas y la responsabilidad exclusiva de la administración de cada banco, puntualiza que "en esta ocasión" se "han superado los fines y objetivos de la institucionalidad pública".

Pero, señala, que "en algunos casos los incentivos han sido incorporados en sus convenciones colectivas, con lo que paulatinamente han generado signos de perpetuidad, su aplicación se torna cada vez más automática y los pagos asociados son cada vez más inflexibles a la baja".

El costo de esos incentivos, dice la CGR, ha llegado a representar un 23% de las suma de utilidades netas (más de 99 mil millones de colones entre el 2006 y el 2012), lo cual ha subido sus costos de operación y ha desplazado esos recursos de otras opciones relacionadas con el giro del negocio o con una menor distribución de las utilidades que deben destinar a la micro, pequeña y mediana empresa o a distribuir a entidades como CONAPE, la Comisión Nacional de Emergencias, al Fondo de Pensiones de la CCSS o el INFOCOOP".

Para la entidad contralora, "el costo total por el pago de los incentivos ha superado los montos máximos establecidos, cuando éstos han sido establecidos: 37% frente a un tope de 15% de las utilidades en el BNCR, 16% frente a un tope de 8% de las utilidades en el BCR y 11,2% de las utilidades del BPDC que no cuenta con un monto máximo".Una directriz de as utilidades del BPDC que no cuenta con un monto máximo".