Los representantes del gobierno y del ESM mantuvieron una prolongada reunión este martes.

Miembros del ESM se habían concentrado el lunes frente a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Los Yoses, San Pedro, para llamar la atención sobre sus demandas, tras lo cual sus dirigentes fueron convocados a una reunión en Casa Presidencial.
Ahí se reunieron el martes con altos funcionarios del gobierno, como las viceministras de la Presidencia, María Devandas, y de Agricultura, Ana Cristina Quirós, así como el viceministro del Ambiente, Franklin Paniagua.
Tras una reunión de varias horas se llegó a un acuerdo sobre “la ruta de trabajo” para atender las demandas de los agricultores, entre las cuales se encuentra la revisión conjunta de un proyecto de ley denominado “Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción, que se encuentra en la corriente legislativa.
El acuerdo define que el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Legislativos hará una revisión del proyecto con base en criterios institucionales recibidos y enviará sus observaciones a los representantes del ESM el próximo viernes 29 de enero.
Con base en estas observaciones se iniciará una revisión conjunta del proyecto a partir del 1 de febrero y se acordará el texto definitivo que será propuesto a la comisión legislativa.
Además, se estableció un compromiso de enviar a las instituciones concernidas la propuesta de una moratoria de doce meses a los cobros administrativos y judiciales de deudas agropecuarias para que emitan sus criterios, los cuales serán vistos con los representantes del ESM en la semana del 1º al 5 de febrero próximos.
Sobre el proyecto piloto de pago de servicios ambientales, el ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) retomará el análisis y redefinición de esta iniciativa con el fin de atender las demandas de los productores.
Los acuerdos, que incluyen el compromiso del gobierno de darle seguimiento puntual a cada uno de los temas, permitieron que se levantara el piquete de protesta que mantenían los agricultores frente a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.