La viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, resaltó que “no soy responsable por el error administrativo, pero sí me hice responsable de arreglar esta situación de inmediato, y eso conlleva la devolución del dinero”.

Puntualizó Trejos, que no había notado el error de cálculo de su salario y que, tras enterarse, depositó en un solo tracto el monto total de los pagos recibidos de más durante el tiempo que se ha desempeñado en el cargo.

Trejos explicó que “iniciando la Administración entregué todos mis atestados al órgano administrativo pertinente, la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos. Fueron ellos quienes calcularon el monto correspondiente a mi salario, incluyendo pluses y demás componentes”.

“En ningún momento de lo que llevamos de esta Administración, aseguró, los funcionarios responsables de estos temas me indicaron que existía un error, reiteradamente se me fundamentó que el monto establecido era el correcto, lo cual consta por escrito en comunicaciones formales, en las que se me indicó que el 30% de prohibición era inherente al cargo y en razón de mis atestados, afirmando incluso que dicha asignación no dependía de la voluntad del funcionario y era irrenunciable” comentó la Viceministra.

Pese a haber acordado un arreglo de pago con el Ministerio de Hacienda, Trejos dijo que prefirió acudir a una entidad bancaria y solicitar un préstamo personal, con el fin de corregir el error de inmediato y de forma definitiva.

“Al enterarme del error administrativo, de forma voluntaria e inmediata me puse a las órdenes para reintegrar al Estado lo que se me había atribuido de más, proponiendo un arreglo de pago”.

“Sin embargo, después de más de dos meses de gestión, sin respuesta definitiva de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, como una muestra de mi transparencia y compromiso ético, esta semana solicité un préstamo personal a una entidad bancaria, con el fin de pagar la totalidad de la deuda y así enmendar definitivamente el error al que fui inducida” señaló Trejos Murillo.

Viceministra de Seguridad Pública ya devolvió 6 millones mediante arreglo de pago

Por su parte, la viceministra de Seguridad Pública, Carmen Muñoz Quesada, dijo que ya devolvió seis millones de colones e hizo un arreglo de pago por el resto de la suma que por error le acreditó la administración del ministerio.

Muñoz consideró necesario volver a aclarar que no tiene atestados que justificaran “el pago de prohibición” y que cuando consultó a la oficina de Recursos Humanos le informaron que lo aplicaron de oficio "en razón del cargo".

La Viceministra fue enfática al aclarar que “Yo no lo solicite. Recibí mi salario, incentivo incluido, creyendo que este último era legítimo” que correspondía a mi cargo.

Agregó que “un año después -a raíz de una publicación- entré en duda sobre la norma invocada por RRHH. Investigo, pido informe, solicito la norma e interpelo” a la oficina de Recursos Humanos. “La respuesta de la jefa de RRHH fue: "mis disculpas doña Carmen, me equivoqué".

“Ya he devuelto más de 6 millones. Si me retiro antes, cancelaré lo que falte en un sólo tracto. La forma de pago está ajustada a derecho” aclaró la Viceministra.

“No es cierto como "informan" algunos medios que fui denunciada, yo denuncié (el error). Aprendí de ética y moral y de ser honrada en mi hogar, en donde nunca sobró el dinero, ni propio y menos ajeno. A pesar de algunos, que insisten en señalar el error como un acto premeditado para delinquir, honro esa enseñanza como persona y como política”.