El voto fue apoyado, de manera unánime, por los siete magistrados de la Sala Constitucional, que aún no han dado a conocer la redacción del voto.

El recurso que la mujer presentó ante la Sala IV alegaba que los programas adoctrinan a los jóvenes, promueven la ideología de género, pervierten e incitan al morbo y a la pornografía.

Tales argumentos fueron rechazados por los magistrados, quienes ya habían resuelto sobre el tema en 2012, indicando que la Constitución Política establece una obligación a las autoridades educativas de impartir educación en el tema de la sexualidad.

La ministra Sonia Marta Mora dijo que la resolución judicial “reafirma que los programas fueron elaborados a partir de criterios técnicos y de evidencia científica, respetando el desarrollo psicoemocional de los estudiantes, respondiendo a un deber del Estado de garantizar el derecho a la educación, la salud protección e información” y también como “una necesidad para prevenir las relaciones impropias, la violencia de género y el embarazo adolescente”.

Los ataques a los programas de educación sexual se incrementaron en el marco de la campaña electoral, al convertirse en uno de los temas centrales del candidato evangélico Fabricio Alvarado.

Grupos afines a la iglesia de este candidato impidieron durante días el inicio de clases en varias escuelas de San Carlos, esgrimiendo su oposición a que sus hijos reciban las clases de educación sexual.

No obstante, el MEP ha reiterado que aquellos padres opuestos a que sus hijos reciban dichos cursos pueden presentar una carta al director del centro educativo, pidiendo que se les exima, lo cual están obligados a respetar los funcionarios de dichos centros.