Jerhy Rivera.

Muchos pensamos que el asesinato de Sergio Rojas, hace aproximadamente un año, sería la última cuota de sangre que los pueblos indígenas iban a pagar para que el estado costarricense asumiera el problema como corresponde: con un sentido de responsabilidad y emergencia más allá de toda duda.

Pero estábamos equivocados. La verdad es que desde entonces no ha habido un cambio sustancial en la situación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre. Ante la inoperancia de las instituciones, los pobladores indígenas han procedido ellos mismos a la recuperación de las tierras que legítimamente les pertenecen, a costa de su tranquilidad y a riesgo de sus vidas.

Cada tanto, los forajidos atacan a las familias en sus terrenos: les incendian los ranchos, golpean indistintamente a hombres, niños y mujeres, destruyen las cosechas, acechan con amenazas de muerte. Y lo más grave es que lo hacen de manera impune.

En marzo próximo se cumplirá un año del asesinato del dirigente bri-bri Sergio Rojas y los autores materiales e intelectuales de este homicidio siguen en libertad. Las autoridades judiciales no se han tomado la molestia de, al menos, dar un informe público sobre el avance de las investigaciones.

El pasado lunes, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, se presentó a la prensa para hacer un descargo de responsabilidades en relación con el asesinato de Jerhy Rivera. En una lamentable simplificación del problema, aseguró que en la zona hay presencia policial, pero “no podemos -dijo- ponerle un policía a cada persona”.

En todo caso, la cuestión de fondo no es cuántos policías haya en la zona, dato que de por sí no mencionó Soto, sino la urgencia de definir una estrategia para controlar a los terratenientes y a sus matones, una estrategia que debe ser de inteligencia policial y de políticas de aplicación urgente para desactivar el conflicto.

El quid de la cuestión es que hay una parte del territorio costarricense, justamente aquella en la que vive la más pobre y postergada minoría de la población, donde no operan las leyes que rigen al resto del país. Es una especie de lejano oeste, controlado por pistoleros que imponen su voluntad a sangre y fuego; una mancha de vergüenza en nuestra geografía.

Si no es por compasión, responsabilidad y justicia, las autoridades deberían atender y resolver este problema al menos por un cierto sentido de dignidad, por no mostrar a los ojos del mundo que no son capaces de ejercer sobre un pequeño territorio la soberanía que el pueblo les ha delegado.

Desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución de medidas cautelares que obligan al gobierno costarricense a devolver las tierras a las personas indígenas, así como a garantizar su seguridad de manera efectiva.

Las muertes de Sergio Rojas y de Jerhy Rivera son la prueba sangrienta de que el Estado costarricense ha sido incapaz de cumplir esa resolución. Las acciones parciales que con extrema lentitud están tomando las instituciones para tratar de cumplir con ese compromiso, no bastan para desmentir lo anterior.

Eso es lo que están diciendo, en lenguaje más o menos directo, los pronunciamientos de organismos internacionales como la CIDH y el Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes y organizaciones humanitarias y ambientalistas del país: no es hora de salidas burocráticas, no es hora de excusas, es la hora de las acciones.