Foto. Girasol de la Escuela de Estudios Generales. Fernando Durán Ayanegui Rector de la Universidad de Costa Rica y Jaime Ordóñez, presidente de la Federación de Estudiantes (FEUCR) en 1982 - 83, participaron en las reformas legales que consolidaron el Fondo para la Educación Superior (FEES) y complementaron los artículos 84, 85, 86, 87, 88 y 89 de la Constitución Política. 

Con esos antecedentes, queremos expresar lo siguiente:

1.– Se han publicado declaraciones de algún litigante constitucional y algunos políticos que, con la pretensión de negar la autonomía universitaria, deforman y tergiversan la letra de la Constitución Política de 1949 y el espíritu de la propia Asamblea Constituyente. Con serenidad y firmeza, queremos desmentir lo que se ha dicho.

2.– La autonomía financiera y administrativa es esencial para la existencia de una universidad independiente y para preservar la libertad en una democracia. Sin ella no existen la libertad de cátedra ni la libertad de ideas. El cercenamiento de esa autonomía permitiría que grupos económicos, grupos de interés y partidos políticos intenten definir el contenido de las carreras y las disciplinas, imponer visiones del mundo y limitar la libertad científica.  Esto negaría la esencia de la Universidad, que desde el Renacimiento significa, en la cultura occidental, “universalidad” o “pluralidad” de ideas.  Si se permitiera que grupos de interés –quienes controlen coyunturalmente el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo– intervengan en la administración financiera o administrativa de las universidades públicas, se estaría abriendo el camino a la conculcación de la libertad y el pluralismo.

¿Queremos darle poder autocrático (como propone el proyecto de ley) a cualquier futuro ministro o ministra de MIDEPLAN para que niegue presupuestos o defina los salarios en investigaciones sobre biología o división molecular porque ello pueda violar sus convicciones religiosas o ideológicas?  Esas potestades son las que pretende la iniciativa que se discute en la Asamblea Legislativa. ¿Queremos que —como hizo Bolsonaro en Brasil, al cercenar la autonomía universitaria—se cierren carreras porque no son afines a las convicciones políticas o económicas de quien domine el Poder Ejecutivo?  Ello sería gravísimo para nuestra democracia.

3.– La autonomía universitaria (ideológica, administrativa y financiera) está reconocida expresamente por la SALA CONSTITUCIONAL (Resolución número 1313-93, de 13:54 horas del 26 de marzo de 1993) “… Son estas las modalidades administrativas, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas”.  “La autonomía universitaria tiene como principal finalidad procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores…” (Considerando VI de la Resolución de 1993 de la Sala IV).

4.– La autonomía universitaria también fue tutelada por la SALA CONSTITUCIONAL mediante la Resolución No.  6256-94, de las 9:00 horas del 25 de octubre de 1994, que indica que la autonomía y libertad de cátedra implican necesariamente autonomía administrativa, entendida como la posibilidad de que la institución realice su cometido por sí misma, sin sujeción a cualquier otro ente político o privado que pueda influir en la libertad de enseñanza. Significa autonomía frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Legislativo.

5.– La autonomía universitaria está plenamente reconocida desde las ACTAS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE de 1949.  Encabezados por el licenciado Fernando Baudrit Solera, por entonces Rector, los constituyentes aprobaron lo que vendría a ser el marco de autonomía de nuestra enseñanza superior pública. (Ver Acta de la sesión 154, tomo III, p. 311).  “La Universidad de Costa Rica es una Institución de Cultura Superior que gozará de independencia para el desempeño de sus funciones y de la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.

El Diputado Baudrit Solera explicó que esta disposición venía a fortalecer la autonomía universitaria desde el punto de vista administrativo. La aprobación de ese texto figura en el Acta de la sesión 160, tomo III, p. 387, y en las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente no aparece cuestionamiento alguno sobre las exposiciones y explicaciones ofrecidas por don Fernando Baudrit Solera en torno a este primer aspecto de la autonomía universitaria.  Constituyentes de todos los sectores políticos, como don Ramón Arroyo Blanco, don Fernando Fournier Acuña, don Otón Acosta Jiménez, don Rodrigo Facio Brenes, don Edgar Rojas Vargas y don Fernando Volio Sancho apoyaron el concepto de autonomía universitaria, un pilar la Segunda República y clave de la democracia de nuestros últimos 70 años de vida republicana.

6.– La propia SALA IV ha interpretado el Artículo 85 de la Constitución Política estableciendo que las universidades públicas no son simples instituciones autónomas, ni simples instituciones descentralizadas. Su descentralización no es solo administrativa, sino también de gobierno y de organización. Por norma expresa constitucional, la hacienda universitaria no puede ser refundida con, ni absorbida por, la hacienda pública, mucho menos por el jerarca de turno de un MIDEPLAN como pretende la lamentable reforma presentada en la Asamblea Legislativa.  Por la misma razón, el concepto de Estado como patrono único no es aplicable a los funcionarios universitarios.

7- EL RESTO DEL MUNDO. – Alemania, Francia, Inglaterra, España y casi todos los países de la OCDE reconocen expresamente la autonomía universitaria en sus constituciones políticas y en sus Tribunales Constitucionales. ¿Y no queríamos los costarricenses parecernos a los países de la OCDE y por eso pedimos entrada a ese organismo?

8.– LA CUESTION DE LOS SALARIOS. – Los firmantes de esta declaración consideramos que en Costa Rica deben hacerse importantes correcciones en los salarios y retribuciones universitarias; estamos de acuerdo en que deben limitarse los salarios más altos y subirse los de profesores interinos, así como el fortalecimiento de las becas estudiantiles.

Pero debemos aclarar: El 50 % del equipo académico que ejecuta el trabajo de la UCR gana menos de 1 millón de colones al mes. El 80% de los profesores perciben menos de 2 millones de colones netos. Los salarios del sector gerencial de las grandes empresas son mucho más altos.

 ¿Se quiere pauperizar al personal académico de universidades que, como la UCR, está rankeada entre las mejores 500 del planeta, o el TEC, una de las mejores de América Latina en su campo?

¿Tiene sentido despedazar los incentivos salariales y laborales para que instituciones tan reconocidas internacionalmente como el Instituto Clorito Picado, el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la UCR, o las carreras del TEC, pierdan a sus más brillantes investigadores y profesores? Con seguridad, buscarían trabajo en el exterior y se daría una fuga de cerebros.

Lo que está en juego aquí es algo de importancia y seriedad sumas. La reforma que se impulsa en la Asamblea Legislativa –la cual ni siquiera es solicitada por el Fondo Monetario Internacional– busca ponerle una mordaza a las universidades y a la libertad de educación y de libre circulación de las ideas en Costa Rica. Atacando la autonomía universitaria, lo que se busca es limitar la libertad ideológica de nuestras universidades y convertirlas en cajas de resonancia de aquellos grupos económicos y de interés que hoy intentan monopolizar el poder en Costa Rica.

San José, 27 de febrero del 2021.