La disposición afectaría los salarios superiores a un millón cien mil colones y tendría una aplicación temporal, explicó Alvarado, quien destacó la importancia de la solidaridad nacional en estos momentos de crisis. Sin embargo, la decisión ha quedado en suspenso hasta que se tenga un panorama más claro sobre la evolución de la epidemia.
"Así como hemos abordado la situación de salud con la mayor seriedad y claridad hacia los costarricenses y las costarricenses, también tenemos que hacerlo en materia del impacto social y económico y eN el empleo, que tiene el covid-19", puntualizó el presidente.
Señaló que el sector turísitco está en cero y que unas 200.000 personas están con jornadas reducidas o con suspensión del contrato de trabajo, lo que implica que verán reducidos drásticamente sus ingresos.
También, añadió, hay 8.000 restaurantes cerrados en todo el país lo que suma a la difícil situación del empleo.
E primera instancia, el gobierno espera constituir un fondo de ayuda a las familias afectadas mediante la reducción de gastos no esenciales como viajes, gastos de representación, compra de materiales y equipos y el congelamiento de plazas vacantes.
También se utilizará un diferencial en los precios de los combustibles, que están experimentado una reducción importante para fortalecer el fondo de ayuda.
Alvarado anunció que la próxima semana enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto extraordinario por 225.000 millones de colones. Con estos recursos se podrá dar apoyo a 375.000 familias por un periodo de tres meses.
Las ayudas serían por un monto máximo de 200.000 colones, señaló.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, comentó que la crisis provocada por el coronavirus tiene un impacto económico sin precedentes en el mundo y adelantó que en Costa Rica podrían verse afectadas por el desempleo y la reducción de ingresos de hasta 600.000 familias.
Detalló además, que la contribución solidaria que el gobierno está proponiendo incluye a las pensiones que superen el millón cien mil colones y obligará a todos los trabajadores del sector privado y público, sin excepciones.
