El tribunal de Pérez Zeledón acogió el incidente de modificación de medida cautelar interpuesto por su abogado defensor, Gustavo Cabrera, de la organización defensora de los Derechos Humanos Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-CR), quien es asistido en la defensa del líder indígena por el abogado Rubén Chacón, del programa de tutala legal de la Iglesia Luterana (ILCO).

Rojas Ortiz quedó en libertad el jueves anterior y fue recibido en Buenos Aires de Puntarenas por una delegación de la comunidad de Salitre que lo acompañó hasta su casa, en horas de la noche. A su llegada el pueblo bribri realizó una ceremonia ancestral para recibir al hijo pródigo, informaron fuentes cercanas al líder indígena.

“En dos años y ocho meses desde que se inició el proceso en que son investigados los once miembros directivos de la Asociación Integral de Desarrollo (ADI) no han podido demostrar que ocurrieron los supuestos cargos que se les imputan ni alguna vinculación con estos”, señaló Cabrera, quien se mostró satisfecha con la decisión de la jueza que atiende la causa.

El abogado defensor agregó que “durante estos casi siete meses transcurridos desde el allanamiento por la Fiscalía del Territorio indígena de Salitre, los fiscales no han recabado nuevas pruebas o testimonios que pudieran justificar la permanencia de Rojas Ortiz en la cárcel, medida que se tomó entre otras razones para evitar que obstaculizara la investigación o la búsqueda de nuevos elementos” dijo Cabrera.

“En virtud de todo esto, pedimos una revisión de las medidas cautelares adicionales porque no se han presentado pruebas que justificaran la permanencia de una persona en prisión por más de siete meses”.

Hemos alegado ante el Juzgado de Pérez Zeledón desde la defensa que se ha dado un proceso retardado por parte de la Fiscalía, y que no se justifica tener a una persona detenida sin que medie ninguna actividad de la Fiscalía y sin que se le formulen cargos”.

“No hay ninguna evidencia. Ya están los informes contables de los bancos, ya están los informes de las listas de beneficiarios de Fonafifo, de los depósitos que se hicieron a la Asociación de Salitre y ninguno de esos documentos dice o evidencia que un dinero equis se fue a una cuenta particular o se empleó para la compra de tales cosas o algo que diga que alguno de los miembros de la junta directiva o algún familiar suyo se benefició a título personal. No hay tales cosas” enfatizó Cabrera.

“Hasta el momento no hay ninguna evidencia que los vincule con ningún cargo punible. Y lo peor es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ninguno de los once investigados ha sido acusado en un proceso que tiene casi tres años de haberse iniciado”, afirmó.

Por otra parte, "el escándalo que se ha hecho alrededor de la detención y las medidas cautelares impuestas a Sergio Rojas, han tenido una afectación muy importante no solo en los involucrados directos y en el territorio bribri de Salitre, sino en el Movimiento Indígena costarricense y su lucha por la recuperación de tierras que están en manos de no indígenas, porque esta es una manera de golpear este proceso”, señaló el abogado.

“Por supuesto que el proceso judicial contra sus líderes, ha tenido profundas repercusiones en la comunidad de Salitre y ha erosionado profundamente a la población indígena de nuestro país porque desde los medios de comunicación se ha dado un manejo, un enfoque a las medidas cautelares impuestas al líder bribri, que desprestigia las demandas de los pueblos indígenas costarricenses para la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena que le dé un marco legal a estos pueblos y el respeto de sus derechos humanos y ancestrales”.

Desde la defensa, sostenemos que no existe ninguna razón para seguir retrasando el proceso por parte de la Fiscalía Indígena, siete meses después de una detención múltiple, realizada en condiciones inusuales, con el ingreso de unos 150 agentes de la fuerza pública, en una cantidad de transportes policiales que, literalmente, tomaron una comunidad rural y pacífica, la rodearon y allanaron una gran cantidad de viviendas donde se encontraban las familias enteras, mujeres, niños y adultos mayores” dijo Cabrera.

Sabiendo lo que iba a pasar en Salitre, señaló Cabrera, porque un diario muy popular adelantó información sobre las acciones de la Fiscalía Indígena, nadie obstruyó la investigación, nadie desapareció nada. No puede decirse que Sergio quiera huir, que no quiera estar en el proceso, él no se va a ir para ninguna parte que no sea su casa, con su familia y en su comunidad.