Costa Rica es eficaz en aprovechar los recursos naturales; pero débil para controlar los impactos ambientales de su uso. Desde los años noventas cada persona usa más de lo que el territorio aguanta, lo cual es producto de la ya conocida tensión entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Así lo expuso Leonardo Merino, investigador del Programa Estado de la Nación, quien participó en el Congreso Ecologista “30 años de pensamiento y acción”, realizado en el país la semana pasada.
Uno de los hallazgos del capítulo ambiental del Informe Estado de la Nación 2018 es que en el país la brecha entre el uso de los recursos naturales y su disponibilidad es de 58,4%.
De esta forma, el uso del territorio en el país sigue tres grandes patrones, de acuerdo con el Informe citado.
Primero, sigue separándose una porción importante de terrenos para dedicarla a la conservación, aunque persisten serios problemas para garantizar la riqueza del patrimonio natural que se resguarda, por limitaciones institucionales y por las amenazas derivadas de las actividades externas a las áreas protegidas.
Segundo, se mantienen patrones insostenibles en el territorio destinado a usos agrícolas, porque la apuesta se ha concentrado en el aumento de cultivos que generan altos impactos sobre el ambiente y una gran conflictividad. Ello se percibe en prácticas dependientes de agroquímicos, que contaminan fuentes de agua y afectan los suelos. Esta situación se repite en las zonas marino costeras.
Y tercero, insostenibilidad de los usos urbanos, que no han sido acompañados de herramientas para reducir su impacto ambiental. El modelo de ciudad genera problemas para la movilidad de personas, la provisión de servicios públicos, y el manejo de residuos sólidos y líquidos.
Uso agrícola concentrado en pocos productos
“Hace 30 años Costa Rica sembraba un par de productos grandes de exportación y lo que consumíamos, como frijoles, arroz, granos básicos. En este momento se siembran cinco productos principalmente para exportación, y éstos representan el 70 por ciento de lo que sembramos”, dijo Merino.
Según el Informe, “del total de hectáreas sembradas (450.000) más de tres cuartas partes corresponden a cultivos agroindustriales y frutas frescas; el café, la palma aceitera, la caña de azúcar, el banano y la piña aglutinan cerca del 70% de la superficie agrícola total”.
En términos de producción “la caña de azúcar es el cultivo dominante, seguido por la piña, el banano y la palma aceitera. Por grupos, los granos básicos (26,9%) y las hortalizas (11,7%) tuvieron las mayores reducciones”.
“La siembra de arroz, frijol y maíz reporta mermas significativas a partir de 2014. También decreció la superficie sembrada de hortalizas, de amplio consumo nacional. En el período 2014-2017 las compras externas de arroz, frijol y maíz amarillo crecieron 71,3%, 34,5% y 18,1%, respectivamente”.
“Toda esta apuesta productiva ha sido acompañada por una intensa aplicación de agroquímicos. De forma reiterada diversos estudios han advertido sobre las dañinas consecuencias de esta práctica para el ambiente y la salud pública. (…)”, señala el Informe. En junio de 2018 se destapó la presencia de plaguicidas en los cuerpos de agua que abastecen a las comunidades de Aguas Zarcas, Pital y Venecia de San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí. Se encontró ametrina y bromacil, ambos utilizados en el cultivo de piña. Lo anterior se combina con el poco impulso que ha tenido la agricultura orgánica certificada, además de que, en su mayoría, las prácticas agrícolas no apuestan por la sostenibilidad ambiental, agrega el Informe.
Tendencia al agotamiento de las tierras urbanizables
Merino explicó que la Gran Área Metropolitana (GAM) ya está agotada en términos de urbanización. “Hicimos un crecimiento horizontal no planificado durante cuatro décadas, empujados por el sector inmobiliario. Al mismo tiempo aumentó el crecimiento y la densidad de población, obligados por el agotamiento de espacio disponible”, destacó el investigador.
“Esto también está pasando en otras ciudades, como San Isidro de El General, Ciudad Quesada y Guápiles. Aquí la mancha urbana está creciendo 40 veces más rápido que en la GAM, sin planificación. Básicamente el Estado hace una carretera y el sector inmobiliario va detrás”, añadió.
Una consecuencia directa de la falta de ordenamiento territorial, sobre todo en el área urbana es el riesgo de desastres. En el 2017 se registraron 841 eventos, una cifra superior a la media de los últimos 12 años, indicó el Informe.
“Sólo 20 de los 81 cantones del país tienen plan regulador completo. Hay un atraso de 70 años en esto. Y únicamente cinco de los planes reguladores que están vigentes tenen viabilidad ambiental. Todo esto aumenta la vulnerabilidad en el territorio. Desamparados, por ejemplo, es el cantón campeón en desastres”, afirmó Merino.
El Congreso Ecologista “30 años de pensamiento y acción” fue un espacio de análisis y reflexión interno del movimiento ambiental costarricense, realizado el pasado 23 y 24 de mayo, y enmarcado en los 30 años de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON).
