Foto: ANEP

En un contexto convulso, diputados, cámaras empresariales y Gobierno presionan para que en los próximos días sean aprobados por la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley que tendrán un claro impacto sobre los derechos de las personas trabajadoras y el ejercicio del derecho -y conquista histórica- de ir a huelga.

El martes 25 de junio se realizó una quinta jornada de huelga intermitente en defensa de los derechos laborales, convocada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE). Hubo una concentración de personas trabajadoras en San José, quienes caminaron de la Fuente de la Hispanidad en San Pedro, hasta la Asamblea Legislativa. 

Esta huelga intermitente -o paros agendados- convocados por APSE en todo el país, empezaron el pasado 6 de junio y han sido en rechazo a cuatro proyectos de ley: el de declaratoria de servicios públicos esenciales (No. 21.097); el de seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (No. 21.049); el de ley marco del empleo público (No. 21.336); y el de educación dual y formación técnica dual (No. 20.786).

A estas protestas se han sumado docentes, trabajadores del sector salud, estudiantes, activistas, policías y más, pues consideran que las iniciativas son parte de un contexto de ataque a los derechos laborales, de satanización del sector público y de políticas antidemocráticas y autoritarias.

El proyecto de seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos está en trámite de vía rápida, con fecha para dictaminarse en comisión el miércoles 3 de julio; mientras que el de servicios esenciales fue dictaminado semanas atrás y ya se encuentra en el plenario.

Convertir todo en “servicios esenciales”
El mismo proyecto de ley de declaratoria de servicios públicos esenciales define como “servicios esenciales” aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”.

Pero lo que hace en realidad es convertir en servicios “esenciales” alrededor de 79 servicios públicos. Esto restringiría la capacidad de presión de las y los trabajadores del sector público mediante la huelga, afirman dirigentes sindicales y analistas. 

Este plan es impulsado por la diputada liberacionista Yorleni León y ya fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales. Actualmente se encuentra en el plenario, esperando a ser votado. El texto incluye una lista de todos aquellos servicios en los que se prohibirían las huelgas; por ejemplo, educación, red de cuido, transporte de combustibles, telecomunicaciones, salud, comedores, alimentación en general, transporte de mercancías, entrada y salida de mercadería en muelles, y electricidad.

La APSE argumentó que múltiples criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) consideran que la educación no es un servicio esencial porque su interrupción no pone en peligro la vida, la salud ni la seguridad de las personas. El sindicato también recordó que el ejercicio de huelga en servicios esenciales ya está regulado por ley en el Código de Trabajo.

Además, el plan también permite que cualquier servicio se declare “esencial” por la vía judicial o de reglamento. “Por ser el derecho a huelga un derecho de rango constitucional, la limitación y regulaciones al ejercicio del mismo solamente puede establecerse mediante ley; nunca por resoluciones judiciales o de reglamento”, afirmó la APSE.

En su comparescencia ante la Comisión de Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo, Steven Núñez, reafirmó lo anterior. Indicó que “puede resultar inconstitucional” darle al Poder Ejecutivo, mediante la vía reglamentaria, la potestad de establecer servicios esenciales adicionales a los indicados en el proyecto, ”debido a que tanto el artículo 61 de la Constitución Política como la Sala Constitucional señalan que únicamente corresponde a la Asamblea Legislativa establecer cuáles actividades corresponden a servicios públicos esenciales”.

Revancha por la huelga de tres meses del año pasado, afirman
Los sindicatos creen que, además, este proyecto de ley se alimentó de la revancha del Ministro de Educación Édgar Mora contra las personas docentes y funcionarias públicas que se sumaron a la huelga  contra el “Combo Fiscal”, la cual se extendió del 10 de setiembre al 11 diciembre.

De hecho la APSE presentó una demanda contra Mora y el Gobierno costarricense ante la OIT, la cual fue acogida. En ésta se argumenta que están violando los derechos de las personas trabajadoras sindicalizadas.

También ha sido clara la presión de las cámaras empresariales, que quieren prohibir todo tipo de manifestación o paro laboral que afecte sus intereses, después del movimiento de oposición a la reforma fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ha dicho que es urgente definir la calificación de huelgas y cuáles son los servicios esenciales que se afectan durante una protesta y que calificarían el movimiento de ilegal porque el sector productivo requiere confianza para seguir invirtiendo. La UCCAEP ha reconocido que estos proyectos de ley citados “buscan, frenar abusos como los del año anterior que repercutieron muy negativamente en la generación de empleo y en la producción”.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), por otra parte, declaró que estos proyectos de ley “son urgentes y necesarios para solventar la inseguridad jurídica provocada por algunos contenidos de la Reforma Procesal Laboral”.

Enrique Egloff, presidente de la CICR, dijo que “cuando se aprobó la Reforma Procesal Laboral algunos creyeron erróneamente que ayudaría a los trabajadores y a las empresas a resolver sus diferencias; pero cuando la reforma entró en vigencia en realidad el país perdió seguridad jurídica y la incorrecta interpretación de dicha reforma ha llevado a algunos sectores laborales a abusar de esta situación en beneficio propio y en contra del país”.

Egloff ha insistido en que urge aprobar el proyecto de ley de servicios públicos esenciales y el de seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos "para dar seguridad jurídica al país, después de que una huelga causara pérdidas por casi ¢140 mil millones al sector productivo", y para que el país no quede a merced de "los caprichos huelguísticos de las cabezas sindicales”. 

¿Manifestarse fuera de horas laborales?
El proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos fue propuesto por el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Está en la Comisión de Asuntos Sociales, que tiene fecha límite para dictaminarlo el próximo 3 de julio. 

De acuerdo con APSE, el plan permitiría a los jueces laborales disolver sindicatos que promuevan y organicen bloqueos de vías durante las huelgas. El Código de Trabajo ya señala que se pueden disolver aquellos sindicatos que intervengan en asuntos político-electorales, fomenten luchas religiosas, ejerzan el comercio, brinden información falsa a las autoridades, obliguen a algún trabajador a afiliarse o fomenten actos delictivos.

Los diputados quieren que también puedan disolverse aquellos sindicatos “que organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos; a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal”.

Según Benavides, que ahora preside el Directorio Legislativo, el proyecto quiere acortar los tiempos para resolver si una huelga es legal o ilegal porque actualmente se tarda entre meses y años para resolver. Quieren que los jueces resuelvan en una o dos semanas. Además, si una huelga se declara legal, los trabajadores mantienen el derecho al salario y no hay rebajos. Pero si la huelga es ilegal, se harían los rebajos correspondientes.

Benavides mantiene que la huelga política siempre ha sido ilegal en el país; pero dice que la gente confunde la libre manifestación a la protesta contra los políticos y contra las políticas públicas con la huelga política, y que son dos cosas totalmente diferentes.

Según él, “la libertad de manifestarse en contra de lo que uno quiere manifestarse se conserva y se protegerá siempre”. “Este proyecto no tiene ninguna limitación con las manifestaciones ni prohíbe ningún tipo de manifestación”.

Sin embargo, si esto hubiera sido ley el año pasado, cuando fue la huelga contra el “Combo Fiscal”, la huelga hubiera sido ilegal. Según él, si los trabajadores quieren ir a huelga contra un proyecto de ley, tienen que manifestarse fuera de horas laborales.

Mientras tanto, el presidente Carlos Alvarado insiste en que él ha hecho un llamado al diálogo, y que se debe de aprender de lo ocurrido de la huelga del 2018. Sin embargo, el país lleva varios días de vivir en medio de tomas de liceos, tortuguismo de traileros, huelga de policías, huelga de docentes, manifestación de pescadores, bloqueos, y todo eso sin contar el malestar generalizado en la población por tener que cargar a la fuerza ahora con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).