Las dos acciones fueron presentadas por cazadores que buscaban la derogación de la primera Ley de Iniciativa Popular -Ley de Conservación de Vida Silvestre- aprobada por la Asamblea Legislativa, el 2 de octubre de 2012, con el consenso de las siete fracciones legislativas.

El Proyecto contó con el respaldo de 177 mil firmas de costarricenses que pedían la prohibición en el país de la caza deportiva.

Las acciones apuntaban a forzar la derogatoria de la nueva Ley basados en que aún no se ha reglamentado y en supuestos vacíos.

El fallo de la Sala IV señala que “se acusa que esta ley no ha sido reglamentada, además, no se dispuso contenido económico para ejecutarla. Se acusa además, que la ley prohíbe la caza deportiva, pero no la pesca deportiva. Se dan potestades a los inspectores forestales de ingresar a las fincas sin orden alguna” ante lo que los magistrados acordaron rechazar “de plano la acción por falta absoluta de requisitos”, según la resolución 13-08596 /10830-13, difundida este martes.

La nueva Ley de Vida Silvestre no puede regular la pesca, puesto que esta materia no le corresponde y ya está regulada en la Ley de Creación de Incopesca y la actual Ley de Pesca y Acuicultura.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, no escondió su satisfacción por el fallo de la Sala IV pero advirtió, desde su muro, que “la prueba de fuego no ha pasado aún” porque, consideró, la Sala IV dejó un portillo abierto al sustentar su fallo en “la falta absoluta de requisitos” lo que podría subsanarse para presentar otra acción en este sentido.

Las leyes tienen un plazo para su reglamentación, que en este caso aún no se ha cumplido y se ha informado que están trabajando en el reglamento.