Diputado Welmer Ramos

El grupo recordó que, en diciembre de 1917, Ramos se comprometió en una nota escrita a colaborar con la Procuraduría en la investigación de sus actuaciones como ministro de Economía en llamado caso del cemento chino, así como a “acatar y seguir las conclusiones y recomendaciones que señale esa Procuraduría”, incluida la posibilidad de renunciar a la curul “en caso de que se demuestra que incurrí en una falta al deber de probidad”.

El grupo estimó que el espíritu de ese compromiso, por parte del ahora legislador, era mandar un mensaje muy claro al electorado de que respetaría el criterio de una institución especializada en el análisis de posibles faltas a la probidad o al ordenamiento jurídico-penal.

Recuerda además que la Procuraduría, por su naturaleza, no hace juicios concluyentes sobre las responsabilidades éticas o jurídicas de los funcionarios, por lo cual no puede dar por demostrados sus hallazgos, pero “lo cierto y relevante es que los compromisos adquiridos en aquella oportunidad se dirigían a despejar cualquier duda que hubiera sobre la transparencia y legalidad de las actuales del ex ministro Ramos González”.

“Hoy esas dudas e indicios se han confirmado, lo cual deja intacta la posibilidad de valorar la inconveniencia de tales actuaciones en el plano ético, aunque en lo jurídico, deben hacerse aún las investigaciones necesarias para arribar a cualquier juicio de responsabilidad”, apunta el pronunciamiento.

A Ramos se le investiga de un posible tráfico de influencias, por haber promovido modificaciones al reglamento de importación de cemento con el supuesto fin de beneficiar los negocios del empresario Juan Carlos Bolaños, centro el escándalo conocido popularmente como El Cementazo.

La Procuraduría de la Ética encontró indicios importantes contra la probidad en la actuación de Ramos como ministro: una tramitación inexplicablemente acelerada; una coincidencia entre la modificación reglamentaria y las reuniones que Bolaños sostuvo en el Ministerio de la Presidencia y la Asesoría Jurídica de la Casa Presidencial; requerimientos hechos a funcionarios técnicos para concretar las modificaciones. Además, señala la coincidencia entre tales trámites y la aprobación de créditos bancarios para el empresario.

Varias de esas actuaciones podrían eventualmente encajar en tipos penales, por lo cual el caso ha sido trasladado al Ministerio Público.

“Si bien no es de competencia de la Procuraduría emitir juicios concluyentes y mucho menos condenatorios, este voto de mayoría estima que lo pertinente, en vista del compromiso que en su oportunidad adquirió el diputado Ramos González, es que aparte del cargo público para el que fue electo y despliegue todos sus argumentos y defensas en pro de su inocencia y probidad, tal y como el ordenamiento jurídico se lo garantiza.

Este planteamiento  fue suscrito por Duncan y Arroyo, mientras que Margarita Bolaños estimó que la decisión debe ser sometida al criterio del Comité de Ética del Partido Acción Ciudadana (PAC) ya que Ramos adquirió el compromiso ante el Comité Ejecutivo de esa organización, tal como lo establece el Estatuto.