Numerosas jóvenes fueron víctimas de la red de explotación sexual.

La investigación, denominada Operación Océano, alcanzó días atrás los 32 imputados por "retribución o promesa de retribución" a menores de edad a cambio de actos sexuales.

El caso comenzó en marzo, cuando se descubrió el cuerpo de una adolescente de 17 años junto a un arroyo en el departamento de Canelones, al este de Montevideo. Al investigar la muerte, la Policía se encontró con que la víctima había denunciado a un hombre por explotación sexual. Cuando peritaron su celular, encontraron mensajes de varios varones que le ofrecían dinero y regalos a cambio de sexo.

A partir de ahí, empezó a desenredarse una madeja que develó cómo decenas de hombres se contactaban con la misma adolescente y amigas de ella, todas menores, con el mismo fin.

Según publicó este jueves el diario local El País, una de ellas relató a la fiscal de la causa, Darviña Viera, que la gran mayoría de los hombres que frecuentaban las chicas pagaban entre 100 y 300 dólares por actos eróticos o fotografías. 

Además, recibían regalos como artículos de lencería o extensiones de cabellos, entre otros, consigna el diario.

Entre los imputados hay un exjuez de menores, un exdiputado y el dueño de un bar en Punta del Este, además de empresarios, comerciantes y docentes. También están requeridos por la justicia un argentino y un brasileño, señalan medios locales.

Sobre los imputados pesa la medida cautelar de fijar domicilio durante 180 días y la prohibición de acercarse a las víctimas o mantener cualquier contacto con ellas. 

Tampoco pueden ejercer funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con menores. 

Los imputados están ahora a la espera de que la fiscalía que lleva adelante la investigación los acuse o bien desestime llevar el caso a juicio, lo que aún puede demorar varios meses.

El delito de explotación sexual de menores tiene en Uruguay una pena de entre dos y 12 años de cárcel.