“Si creyeron que con el arbitrario nombramiento de un diputado no ratificado y reemplazado por la voluntad soberana y el voto mayoritario de los asambleístas del Partido Patria Nueva, lograrían que me fuera de esta campaña, que iba a renunciar, ¡se equivocaron, yo me quedó aquí!  Esa persona nombrada por el TSE, será el diputado del TSE”, afirmó el candidato en una carta pública.

“Seguiré combatiendo a quienes cometen actos de corrupción y seguiré pidiendo el apoyo de mis compatriotas para acabar con esta fiesta”, agrega.

“A los magistrados del TSE los he acusado muchas veces por prevaricato, como por ejemplo cuando le dieron permiso a los funcionarios públicos de hacer campaña a favor del TLC...  Como un ciudadano más les exijo que actúen conforme a la ley o mejor renuncien”, reclamó  Corrales.

El conflicto se viene desarrollando desde hace varias semanas dentro de Patria Nueva, entre Corrales y Montero.  A finales de setiembre pasado, la asamblea del partido eligió a Montero como candidato a diputado en el segundo lugar por San José, en contra de la voluntad de Corrales, quien lo objetaba –según dijo- por tener deudas pendientes con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Bajo esta circunstancia, José Miguel Corrales renunció a la candidatura presidencial, pero días después la asamblea volvió a reunirse y destituyó a Montero como candidato a diputado, dándole su lugar a Oscar Aguilar Bulgarelli.

Sin embargo, Montero acudió al Tribunal Supremo de Elecciones para pedir que se le restituyera en el candidatura y para impugnar la candidatura presidencial de Corrales, por considerar que el procedimiento en ambos casos había sido ilegal. El organismo le dio la razón en cuanto a ratificar su candidatura, pero rechazó la pretensión de destituir a Corrales como candidato.

TSE se defiende

Ante las acusaciones de Corrales, el TSE emitió un comunicado en que rechaza “categóricamente” las afirmaciones y asegura que la decisión se tomó en estricto apego al ordenamiento jurídico y cumpliendo con el precepto de proteger los derechos electorales de los ciudadanos.

“El Órgano Electoral costarricense es un tribunal de derecho y sus magistrados son jueces que fallan los asuntos sometidos a su conocimiento en estricto apego al ordenamiento jurídico de la República”, afirma la declaración.

En el caso de Patria Nueva, “deploramos que dicha decisión unánime de los magistrados y magistradas electorales, sobre un conflicto interno de ese partido político (sometido a conocimiento del Tribunal por uno de sus propios militantes), sea utilizada ahora como excusa para atacar, sin fundamento alguno, la imparcialidad y probidad de la magistratura electoral”.

Concluye  el TSE que “la utilización de los cuestionamientos al árbitro, como herramienta político electoral, no solo riñe con la ética básica que los distintos actores del proceso electoral deberían observar, sino que lastima la más genuina aspiración ciudadana por que la campaña política sea aprovechada por los candidatos y partidos para explicarle a los costarricenses, con claridad, cuáles son sus ideas y propuestas para la solución de los problemas nacionales”.