"¿Qué pasa, ¿Les da miedo? ¿Tienen temor? ¿No tiene fuerza u hormonas suficientes?", preguntó el abogado José Miguel Villalobos, defensor de dos  de los imputados, al referirse a la decisión de la Fiscalía de no acusar al ex presidente Oscar Arias.

Según dijo el litigante, el decreto que declaró de interés nacional la explotación minera, en 2008, fue firmado tanto por Dobles como por el propio Arias, por lo que cabe exactamente la misma responsabilidad a ambos. Sin embargo, la Fiscalía acusó a Dobles y no así al ex mandatario.

El movimiento ambientalista también ha criticado esta decisión, por considerar que constituye una decisión que propicia la impunidad por influencias políticas.

Además de Robles, están acusados los funcionarios del MINAE Cinthya Cavallini, ex jefa del Registro Minero;  y otros cinco funcionarios de apellidos Espinoza, Lezama, Boza, Cruz y Corrales.

A todos ellos se les achaca el haber emitido resoluciones contrarias a la ley, que es lo que precisamente constituye el delito de prevaricato.

La concesión a Industrias Infinito fue anulada por el Tribunal Contencioso Administrativo en 2010, decisión que fue ratificada por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Constitucional.