Foto: La doctora Juliana Martínez Franzoni quien junto con  Diego Sánchez-Ancochea, ambos investigadores Universidad de Costa Rica y Universidad de Oxford, plantean que es imprescindible re-armar el pacto social en Costa Rica, para proteger a la población más excluída y a la democracia.

En nombre de acabar con la informalidad, propuestas cortoplacistas plantean eliminar impuestos a la planilla y arriesgan, así, acabar con programas sociales sin que haya evidencia de que ello vaya a mejorar la formalidad del empleo.

El país puede hoy desarmar o rearmar el pacto social que dio origen a su estado social. Para cuidar y mejorar lo que tenemos necesitamos, primero, identificar y acordar impuestos directos progresivos que financien la política social no contributiva. Segundo, debemos mejorar la calidad del gasto de la Caja dirigido a servicios de salud y protección de la vejez. Tercero, necesitamos retomar políticas industriales-productivas dirigidas a reducir la informalidad laboral.

-- El problema de política pública --

Ante los retos económicos y laborales creados por la pandemia, voces diversas demandan una reducción del impuesto a la planilla. Se plantea, por ejemplo, eliminar el 7% de este impuesto que actualmente se destina a FODESAF, IMAS e INA con la excusa de que con ello se reducirá la informalidad laboral. Este análisis parte de un supuesto —no sustentado— de que el problema de las empresas es de regulación e impuestos más que de baja productividad.

Lo peor es que esta propuesta ignora el acuerdo fundamental en el que se funda el éxito social costarricense. La históricamente baja recaudación de impuestos generales fue hasta ahora compensada con altos aportes vinculados a la planilla laboral.  En 2019, sin impuesto a la planilla, la recaudación de 14.7% del Producto Interno Bruto (PIB) era 3 puntos porcentuales menor que en El Salvador, un país con una política social débil y poco extendida. Con el impuesto a la planilla la recaudación aumentaba en 7 puntos porcentuales.

Parte de esas contribuciones se usaron para financiar programas no contributivos como capacitación, centros de cuido, comedores escolares, becas y uniformes escolares, seguros no contributivos de salud y pensiones, y una larga lista de acciones financiadas desde FODESAF, IMAS e INA. Este diseño tuvo tres virtudes: compensó la ausencia de un impuesto a la riqueza y de un impuesto de renta que funcione; dio estabilidad al financiamiento; y vinculó a la población formal con aquella laboral y socialmente excluida —informales y población sin trabajo remunerado, principalmente mujeres dedicadas al trabajo de cuidados.

Este financiamiento fue la expresión de un pacto social que le permitió a Costa Rica tener uno de los mejores estados sociales del sur global.

Ciertamente, el modelo se expandió en un escenario de creciente empleo formal que desde los años 80 ya no existe. Hoy Costa Rica tiene casi la mitad de su fuerza laboral en malos empleos, informales. Además, el sector productivo más dinámico tiene empresas que informalizan su producción para reducir costos. Otras muchas empresas enfrentan costos altos en el marco de baja productividad.

Sin embargo, tratar de solucionar este problema mediante la mera reducción del impuesto a la planilla sería un error histórico: acabaríamos con una informalidad similar, pero con menor redistribución.

-- Soluciones --

Si se tratara de re-armar este pacto social, se requiere de tres principales medidas.

La primera es identificar y acordar impuestos directos progresivos que financien la política social no contributiva. Ello permitiría eliminar luego esos costos del impuesto actual a la planilla laboral. Al reemplazar esta fuente de financiamiento es preciso reforzar la solidaridad social, identificando impuestos acordes con la alta concentración de la riqueza existente en el país.

Necesitaríamos tributos progresivos para garantizar el financiamiento adecuado y posiblemente creciente de estos programas. Tengamos presente, por ejemplo, que Costa Rica carece de un impuesto al patrimonio que equivale al 8,3% del PIB en los países de la OCDE. Por supuesto que ayudaría muchísimo contar con renta global y mundial que traslade a la política social parte del dinero que hoy va a paraísos fiscales.

Dado que representa dos terceras partes de toda la inversión social, lo segundo es mejorar la gestión de la Caja. Es urgente entender y resolver de forma gradual, pero firme, estos problemas para darle tranquilidad y seguridad a la población en dos asuntos fundamentales como son la salud y la protección de la vejez. Ello evitará, además, que pronto se ponga en cuestión el papel de la propia Caja y su forma de financiación.

Lo tercero, urgente, es priorizar políticas industriales-productivas dirigidas a reducir la informalidad laboral por la vía de apoyar a las empresas, en su mayoría micro, que generan el grueso del empleo nacional. Ello requiere promoción de sectores en la frontera tecnológica, pero también encender el motor de apoyo a las empresas micro de baja productividad que, en su mayoría, producen para el mercado interno.