"He pedido a los diputados que se tomen el tiempo que sea necesario en el trámite legislativo, que se revise a profundidad cada uno de los elementos del contrato, para asegurarse que su contenido no riñe con los intereses nacionales. Además que se aclaren previamente las dudas que se han dado en torno a la empresa constructora seleccionada y se establezca la debida fiscalización en cada etapa del contrato", afirmó Araya este miércoles en un comunicado de prensa.

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) agregó que “Costa Rica debe estar segura que una obra indispensable para el desarrollo del país, se construirá siempre en condiciones óptimas tanto en lo financiero como en los técnico”, apuntó.

Araya afirmó que también es importante garantizar la absoluta transparencia en la actuación de los actores privados y los funcionarios públicos que participan en este proceso.

Once preguntas

Por su parte, el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) Luis Guillermo Solís exigió a la presidenta Laura Chinchilla que despeje todas las dudas razonables relacionadas con este proyecto.

“Es necesario que una obra de tal envergadura e importancia estratégica para el desarrollo de Limón cuente, desde el inicio, con todas las certezas de eficiencia, competitividad, transparencia, solidez técnica y respeto de las leyes del país”, manifestó el candidato.

Solís enumeró once preguntas que deben ser respondidas satisfactoriamente para que el proyecto pueda tener viabilidad.

“¿Por qué razón el gobierno costarricense decide mantener la ejecución las obras de ampliación de la ruta 32 con la empresa CHEC, a pesar del descubrimiento de que ésta, así como su subsidiaria China Communications Construction Company (CCCC) fueron inhabilitadas para contratar con el Banco Mundial por la comprobación de casos de corrupción en Filipinas?”, es uno de los cuestionamientos que el candidato pide responder con claridad.

“El artículo 7 del contrato especifica claramente que Costa Rica renuncia irrevocablemente a la argumentación de soberanía. ¿Implica esta cláusula que estos contratos comerciales prevalecerán sobre lo que estipula el ordenamiento jurídico nacional? ¿Quedan nuestros derechos y obligaciones supeditadas a la legislación china y objeto de eventual arbitraje en China?