Este martes se conoció la decisión de los directivos de La Nación (LN) de no publicar los resultados de la encuesta de opinión sobre el proceso electoral contratada a una encuestadora, que se conocerían esta semana (domingo pasado o miércoles) de acuerdo con información del matutino.

La suspensión de la publicación causó malestar y una ola de especulaciones sobre las razones para tomar la decisión de no revelar los resultados de la encuesta.

Puntualiza el Proledi que “las libertades comunicativas adquieren una dimensión especial durante los procesos electorales, y para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de forma libre y racional es necesario que cuenten con la mayor cantidad de información posible sobre los candidatos, sus propuestas y el contexto político en general”.

“Bajos esos principios, agrega, reconocidos en múltiples fallos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, es que resulta esencial que las opiniones y la información de toda clase puedan circular libremente en el período que antecede a las elecciones”.

El pronunciamiento del Proledi señala que “uno de los trabajos de la Relatoría a cargo de la experta Eleonora Rabinovich sobre  Libertad de Expresión y Procesos Electorales, formula las siguientes interrogantes: ¿hasta qué punto se puede sustraer de forma deliberada una información que los electores pueden utilizar para decidir su voto? ¿Es justo que los políticos y los encuestadores cuenten con información que la población no llega a conocer?”.

“Bajo esta cuestión, aparentemente, subyace el supuesto de que los electores no son lo suficientemente maduros o inteligentes como para exponerse y juzgar determinados contenidos, un concepto paternalista que no se condice con la idea de democracia. Al contrario, la democracia concibe al individuo como “un ser dotado de la capacidad para elegir entre opciones diversas, asumiendo responsablemente las consecuencias de tales elecciones, es decir, como un ser autónomo, razonable y responsable”, señalan.

“Los medios de comunicación tienen la potestad, en el ejercicio de la libertad de prensa, de publicar o no publicar determinadas informaciones, sin embargo, la responsabilidad social con el derecho a la información ciudadana, les obliga a no ejercer la censura al interior de las propias salas de redacción” concluye el pronunciamiento del Proledi.