La decisión fue tomada este martes por el Consejo de Gobierno, que dio la orden de intervenir “el Instituto Costarricense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), ante el reiterado incumplimiento de las advertencias de la Contraloría General de la República y una serie de denuncias y anomalías que se deben corregir.

La medida llega en momentos de tensión institucional como consecuencia de una administración acéfala, que ha tenido durante 3 años como director interino a Ronald Fonseca Vargas, un funcionario señalado por su desapego del movimiento cooperativo y una conducta crediticia que ha favorecido a unas 20 cooperativas que, a su vez, tienen problemas financieros y de incumplimiento de pagos.

La intervención de 9 meses tiene una serie de objetivos para “restablecer las políticas internas que aseguren una adecuada distribución de la cartera de crédito que cumpla con sus objetivos legales, generar medidas para establecer mecanismos de control que garanticen la sostenibilidad del INFOCOOP y formular el Plan Estratégico 2018-2022, para alinear la planificación institucional con la legal”.

Según el representante de gobierno y presidente de la Junta Directiva de Infocoop, Luis Felipe Arauz, también ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) “con esta medida estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, conforme los planteamientos de transparencia y probidad en el manejo de los recursos públicos que ha impulsado la administración del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera”.

“Este Gobierno tiene muy claro su compromiso con el sector cooperativo, que es estratégico para Costa Rica”, dijo Arauz y agregó que “es un sector productivo fundamental que genera empleo, desarrollo territorial, competitividad y el cual, además, nos permite tener recursos para poblaciones vulnerables que requieren atención y acompañamiento ” resaltó el Ministro del MAG.

La situación en que se encuentra el INFOCOOP, señaló, “exige acciones urgentes para proteger al sector cooperativo”. Es una situación que tiene en riesgo de pérdida más de ₡9.300 millones de fondos públicos que podrían ser de gran utilidad para el sector cooperativo y de la economía social solidaria del país.

Por su parte, el Viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca, declaró que “la administración de INFOCOOP tuvo tiempo para actuar y no lo hizo. Nosotros, como Gobierno, no podemos permitir que esto se extienda, y debemos actuar, para recuperar los fines de la institución”.

Las primeras reacciones de los representantes del movimiento cooperativo en la Junta Directiva fueron de rechazo a los señalamientos del Gobierno y de la Contraloría General de la República. Este cuerpo directivo se compone de cuatro representantes del cooperativismo y tres del gobierno.

El ministro Arauz, el viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca y Edgar Quirós, son los representantes del gobierno y quienes dieron la alerta y prepararon un informe detallado para el Consejo de Gobierno sobre la situación actual y hacia dónde debe reencaminarse el Infocoop para cumplir con los objetivos para los que fue creado por Ley, que se analizó este martes en Casa Presidencial.

PROBLEMAS SIN ATENDER

Los informes de la Contraloría General de la República concluyen que el sistema de controles en la entidad podría estar muy debilitado y poner en riesgo recursos que son estratégicos para apoyar a las 594 cooperativas del país, que generan más de 20 mil empleos directos y tienen más de 887 mil personas asociadas.

Las recomendaciones sin atender se remontan al año 2010. En ese año, la Contraloría emitió el informe DFOE-ED-IF-5-2010, en el que reportó serios desórdenes, mal manejo de la cartera crediticia, daño patrimonial, debilidades de control e incumplimiento de objetivos, y situaciones de riesgo en el ámbito financiero y operativo, entre otros hallazgos.

La Contraloría emitió en el 2016 otro reporte, el DFOE-PG-IF-14-2016, en el que volvió a señalar serios desórdenes, daño patrimonial, mal manejo de la cartera crediticia, ausencia de supervisión adecuada, debilidad en el control interno, carencia de metodologías para valorar y calcular los riesgos y errores matemáticos en el cálculo de la tasa de equilibrio.

Además, detectó que los 20 principales deudores tienen problemas de morosidad, pero se les sigue dando refinanciamiento, e indicó que esta práctica resulta delicada ya que INFOCOOP maquilló la morosidad mediante refinanciamientos, lo que afectó el indicador de morosidad.

Esto se refleja en una preocupante situación financiera, con una cartera de crédito concentrada: 62% de los ₡15 mil millones están en 20 cooperativas. La morosidad es de 7,18%, pero hay que considerar que no hay análisis de riesgo de la cartera, ni de su concentración.

El deterioro de activos por riesgo no se refleja en las estimaciones por incobrables, y hay riesgo de pérdida de ₡9.300 millones.

La estructura de controles debilitada se acompaña de una denuncia que investiga el Ministerio Público. Precisamente la Auditoría Interna del INFOCOOP pidió descartar ese caso, pese a ser mencionada en la denuncia. Y los miembros del movimiento cooperativo en la Junta Directiva también rechazaron la posibilidad de una auditoría forense, así como inquietudes externadas por el Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz.

“La administración de INFOCOOP tuvo tiempo para actuar y no lo hizo. Nosotros, como Gobierno, no podemos permitir que esto se extienda, y debemos actuar, para recuperar los fines de la institución”, declaró el Viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca.

Ante este panorama, dado que INFOCOOP cumple una función legal de apoyar al sector cooperativo, se acordó una intervención que permita investigar la situación en la entidad, impulsar las acciones para que el Instituto funcione adecuadamente, sanear las finanzas y atender con calidad al sector cooperativo.