Byron Rolando Vásquez

Con este fallo la CSJ confirmó que esa instancia debe quedar fuera del proceso seguido contra Rubén Estuardo Rosales Sánchez, supuesto testaferro de la familia Mendoza, señala por narcotráfico.

Con el fallo del 17 de abril último, al cual tuvo acceso Prensa Libre, la Cámara de Amparos deja en firme la resolución de la Sala Segunda Penal, del 12 de junio del 2012, “por el solo hecho de que la decisión sea en sentido desfavorable a la pretensión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no puede configurar en perjuicio del acto reclamado”.

En esta ocasión la Cicig argumentó que el Tribunal vulneró su mandato, ya que puede  constituirse como querellante en estos procesos.

En la sentencia se le impone, además, una multa de 1 mil quetzales a los abogados de la Cicig César Rincón y Jonathan Alberto Altalef.

Origen de la acción

El 21 de marzo del 2012, durante la audiencia de apertura a juicio, la defensa de Rosales Sánchez, quien es procesado por conspiración para lavado de dinero y lavado de dinero, presentó una falta de acción contra la Cicig, con el objetivo de que quedara fuera del caso.

Sin embargo, esta fue declarada sin lugar por la jueza novena de lo Penal, Silvia Morales. Como consecuencia, la defensa del supuesto testaferro de la familia Mendoza apeló la resolución y la Sala revocó la resolución de la jueza y declaró que la Cicig debe quedar fuera.

No satisfecha, la Comisión presentó un amparo en la Cámara de Amparos de la CSJ, el 17 de abril recién pasado, que confirma la resolución de la Sala Segunda.

Este fallo ya fue apelado por la Cicig, el cual deberá ser elevado a la Corte de Constitucionalidad, para que dilucide el caso.

Aparecen en informe

Este es uno de los casos por el cual la Cicig incluyó a los magistrados de esta sala en el informe los “Jueces de la Impunidad”.

En el informe, entregado al Ministerio Público el 29 de noviembre del 2012, se señala a los magistrados de haber favorecido con sus resoluciones a estructuras criminales.

Primer caso

Con este fallo, la Cicig suma su segundo revés, debido a que el 12 de diciembre del año pasado la CC ordenó dejarla fuera del caso del Registro Nacional de las Personas.

Ese proceso se sigue contra ocho personas sindicadas por irregularidades en la adjudicación del contrato a la empresa Easy Marketing, por Q868 millones 185 mil, en el 2008, para emitir el documento personal de identificación.

Un aspecto en común de ambos casos es que están a cargo de la jueza Morales, quien también fue denunciada por la Comisión.

Se intentó conocer la posición de la Cicig, por medio de su portavoz Diego Álvarez, pero no respondió las llamadas a su celular.