La unidad del Partido Republicano y, más importante aún, la posible suspensión de pagos de Estados Unidos estaba en manos de medio centenar de congresistas conservadores vinculados al Tea Party que debían decidir si votaban hoy (madrugada del jueves al viernes en España) a favor de una ley que eleva el techo de deuda de forma provisional. Tras cancelar la votación prevista, y después de más de cuatro horas de negociaciones entre los congresistas conservadores, la votación ha quedado finalmente cancelada. Kevin McCarthy, encargado de la disciplina de grupo del los republicanos, notificó oficialmente a su bancada que no había voto esta madrugada. La aprobación de esa iniciativa hubiese permitido ya a la Administración seguir pagando sus compromisos hasta principios del próximo año, pero la Casa Blanca ha advertido de la solución republicana aumentaría la incertidumbre de los mercados y causaría un grave daño a la economía norteamericana.

    "Otro día desperdiciado mientras el reloj sigue corriendo, ahora es el momento del compromiso para que podamos solucionar este problema y reducir el déficit", dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, minutos después del anuncio.

    El hecho de que esa ley, defendida por el presidente de la Cámara de la Cámara de Representantes, John Boehner, sea aprobada -lo que sigue sin estar asegurado después de las últimas negociaciones de esta madrugada- no es, en absoluto, garantía de que se evite la quiebra. Pero, al menos, habría ya sobre la mesa una posibilidad real de hacerlo, eso sí, a un altísimo precio político para los demócratas y para Barack Obama. De acuerdo a esta legislación, el gasto público se recortará en 917.000 millones de dólares (unos 640.252 millones de euros aproximadamente) en la próxima década y, a cambio, se le da al Gobierno una cantidad idéntica para que pague las deudas. En enero, cuando se acabe ese dinero, se volverá a votar para extender de nuevo ese límite si se llega a un compromiso para reducir el déficit 1,8 billones de dólares más (1, 2 billones de euros aproximadamente).

    Los republicanos hacen una gran apuesta con esta ley. Si no consigue salir adelante antes del 2 de agosto, el partido quedará profundamente dividido y el liderazgo de Boehner se resentirá hasta el punto de verse en entredicho su posición actual. En palabras del senador republicano John McCain, "una derrota sería lo mismo que regalarle a Obama la reelección". Pero si la ley finalmente sale adelante en próximas negociaciones, el escenario cambia radicalmente: los republicanos toman plenamente la iniciativa en esta crisis, el papel de Boehner su refuerza y la pelota pasa al campo demócrata, que quedaría en una posición muy difícil.

    Pocas horas antes de la votación en la Cámara, Boehner había manifestado a sus colegas que aún no tenía asegurados los 216 votos que se requieren para su aprobación, pero que acabará teniéndolos. Aunque este jueves no ha sido el día. Todo depende de algo más de 20 representantes del Tea Party que se encuentran entre un grupo de 40 aún sin anunciar una decisión. Otra veintena de congresistas afines a ese movimiento ultra conservador ya han advertido que bajo ninguna circunstancia le permitirían a Obama asumir nuevo endeudamiento. Tan ajustado estaba el resultado que Boehner suspendió anoche la votación, minutos antes de que debiera de dar comienzo, para seguir buscando apoyos uno a uno. Lo que deberá seguir haciendo tras cancelarse la votación.

    Si la ley acaba siendo aprobada, pasará al Senado, donde los demócratas, que son mayoría en esa cámara, han asegurado que la rechazarán. Eso es, al menos, lo que los líderes demócratas han dicho hasta ahora. Hay que esperar a saber qué dicen cuando tengan delante un texto que evita la suspensión de pagos, aunque sea temporalmente. ¿Rechazarla, asumiendo unilateralmente la responsabilidad histórica de la primera quiebra de EE UU? ¿No se impondrá finalmente el criterio de que más vale esto que nada y que es mejor pagar el precio de darle una victoria política a los republicanos que conducir al país hacia el desastre? ¿Y el presidente? ¿Vetaría la ley si el Senado termina aceptando los términos de Boehner? Habrá que esperar aún algunos días para saberlo -el plazo para la suspensión de pagos se cumple el 2 de agosto-. De momento, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Garner, ha declarado que la ley de Boehner no es una opción realista porque no tiene posibilidades de pasar en el Senado.

    Lo veremos pronto. Quizá hoy o a lo largo de este fin de semana, el líder demócrata, Harry Reid, tiene que presentar algo a votación. Tiene varias opciones: presentar por separado la ley Boehner y la que él mismo ha elaborado para elevar el techo de deuda hasta finales de 2012, intentar una fusión de ambos textos o renunciar a su iniciativa y someter a votación únicamente la ley de la Cámara con enmiendas pactadas con los senadores republicanos.

    Ninguna de esas opciones se antoja válida para evitar la suspensión de pagos. El rechazo de la ley Boehner y la aprobación de la ley Reid, sin más, no parece una solución porque esta última no tiene ninguna posibilidad de pasar en la Cámara de Representantes, a menos que el liderazgo republicano rompiera con el Tea Party, lo que no parece probable. La reforma del texto de Boehner, a su vez, supone que esa nueva versión debería otra vez ser votada por la Cámara de Representantes, donde probablemente moriría.

    Da la impresión de que, con la ley Boehner, los republicanos han ido todo los lejos que podían ir y que cualquier corrección que se le incluya para aproximarla a los deseos de los demócratas y de la Casa Blanca está condenada a ser bloqueada por el Tea Party en la Cámara. Si a Boehner le ha costado un esfuerzo gigantesco alcanzar el consenso interno para su propuesta actual -solo lo ha conseguido tras prometer otra votación sobre la enmienda constitucional que prohíba los presupuestos deficitarios-, cabe imaginar las dificultades que encontraría para aprobar una versión más moderada. Dicho crudamente, a día de hoy, el único horizonte que se vislumbra es el de ley Boehner o la suspensión de pagos.