Los magistrados determinaron que dichos montos deben interpretarse como límite máximo, “lo que implica que cada municipio puede fijar provisionalmente un límite mínimo  (es decir un monto inferior) de acuerdo con el potencial de explotación de cada negocio”.

Para dimensionar el potencial de explotación de cada negocio, las municipalidades deben tomar en cuenta su ubicación, tamaño, tipo de infraestructura, entre otros parámetros objetivos, en tanto la Asamblea Legislativa no corrija las fallas en la ley.

El fallo aclara que, aunque la determinación corresponde al legislador ordinario, a fin de evitar un vacío legal que cause graves perjuicios a los propietarios de tales establecimientos, de tomarse como referencia el criterio de  la ley anterior, parcialmente derogada.

En consecuencia “se establece como medida excepcional y transitoria hasta tanto el legislador no disponga otra cosa, que los rangos estatuidos en el ordinal 10 de la nueva Ley Nº 9047 únicamente serán aplicables a los negocios localizados en las cabeceras de provincia, debiendo reducirse a la mitad en el caso de las cabeceras de cantón y en una cuarta parte cuando se trata de las demás poblaciones”.

En otros aspectos, la Sala Constitucional consideró que el criterio de otorgar una licencia por cada 300 habitantes como máximo, no solo se debe aplicar a las licencias para bares, sino también para licoreras, “en virtud de la requerida protección a la sociedad civil”.

Asimismo anula la sub-clasificación de licencias Clase C1 y C2 a los efectos de fijar el monto del pago trimestral de la patente, establecida en el inciso 3) del artículo 10, puesto que la ley no define qué es cada una de esas subclases y solo determina que la Clase C corresponde a restaurantes.

Finalmente,  la Sala ordenó que en cuanto al Transitorio I de la nueva ley, se debe interpretar conforme que los titulares de patentes de licor adquiridas en la ley anterior, mantienen el derecho de traspasarla a un tercero hasta que expire su plazo de 2 años de vigencia.

“A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Licores”.