La sentencia fue emitida hace 20 días, el 10 de agosto, pero su contenido no trascendió hasta el anterior fin de semana.

La ministra Sánchez presentó el 19 de julio un recurso de amparo ante la negativa de Extra a publicar una nota de aclaración a un artículo publicado días antes por dicho medio.

En el artículo, el periodista Manuel Estrada afirmó que un “hombre conocido como Gigantón, que descontaba una condena por los delitos de tentativa de homicidio, robo agravado y agresión con arma” había recibido un beneficio que le otorgó la ministra de Justica “al parecer para violar a una menor de edad”.

En su respuesta, la ministra explicaba que el beneficio a esa persona no se lo otorgó ella, sino el Instituto de Criminología, un organismo especializado que se encarga regularmente de ubicar a los privados de libertad en las diferentes etapas, según la evolución de su tratamiento.

Explicó Sánchez que el traslado del hombre conocido como Gigantón no estaba relacionado siquiera con la orientación que su despacho había emitido semanas antes para descongestionar algunos centros penales mediante el traslado de algunos internos con condenas por delitos menores a programas abiertos o semi-abiertos.

Sin embargo, la directora de Extra, Paola Hernández, rechazó la petición alegando que la frase del artículo en que se dice que Sánchez liberó al delincuente “para al parecer violar a una menor” es un juicio de valor “u opinión del periodista, que él la estableció como una deducción lógica del hecho de que... de no haberse otorgado el beneficio... no habría sucedido el delito”.

También afirma que, por su condición de funcionaria pública de alto nivel, la ministra Sánchez está expuesta a la crítica de los administrados, incluso en condiciones más severas que las demás personas.

Sin embargo, la Sala IV rechazó los argumentos de descargo de la directora de Extra y señaló que el derecho de respuesta que establece la ley “tiene por finalidad principal la efectiva protección de la honra y reputación de la persona, frente a publicaciones indebidas, por ser “inexactas o agraviasntes”.

“Nace este derecho por necesidad de proteger estos principios, y de lograr un mayor equilibrio entre el poder que tienen los medios de información colectiva en la formación de la opinión, y los mecanismos efectivos de defensa que tiene el particular para la protección de sus derechos fundamentales. No constituye este derecho, como algunos lo han pretendido, un límite a la libertad de prensa, sino por el contrario, nace como consecuencia de su mal uso o abuso, y es uno de los mecanismos legales de defensa que posee el ciudadano, -el más rápido y efectivo-, para restablecer su buen nombre y reputación, independientemente de las otras acciones civiles o penales, que también han sido creadas por el legislador en defensa de estos sagrados principios”, señala la sentencia.

Agregan los magistrados que, si bien la ministra de justicia es una alta funcionara pública, el atribuirle como propio un acto emitido por otra dependencia constituye información inexacta, además de agraviante.

“Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Sociedad Periodística Extra Limitada (Diario Extra) al pago de las costas, daños y perjuicios causados, extremos que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía civil. Los Magistrados Rueda Leal y Salazar Alvarado declaran con lugar el recurso por razones diferentes”, concluye la sentencia.