Sergio Rojas Ortiz, líder bribri, quien estaba al frente de un fuerte movimiento de autonomía indígena y de recuperación de tierras en la Zona Sur del país, fue asesinado la noche el 18 de marzo de 2019. Sorprendido en su vivienda, en la comunidad de Yery, en el territorio ancestral de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas fue asesinado por varios impactos de bala. Casi seis meses después de ocurrido el crimen, las autoridades no han dado con los autores intelectuales ni materiales de su homicidio.

La encargada de prensa del Ministerio Público dijo hoy a Informa-Tico que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos informó que el caso de Sergio Rojas Ortiz continúa en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba y que en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no era posible brindar más detalles.

Desde el 1 de julio pasado, las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos personas, cuyos retratos hablados se adjuntan en este artículo. Lo anterior es para recabar información sobre presuntos sospechosos del homicidio. Para brindar información confidencial, la población puede llamar a la línea gratuita 8000-8000-645, o presentarse en la Fiscalía más cercana.

Desde que fue el asesinato, la fiscala general Emilia Navas ordenó la conformación de un grupo de fiscales para la investigación prioritaria del caso; pero no ha pasado a más.

Propoonen conformar una comisión independiente que aborde el caso

Gustavo Cabrera, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN), dijo a Informa-Tico: “No se sabe nada; ya van a ser seis meses y no se sabe nada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que estas son investigaciones sumamente cerradas. La Fiscalía General ni siquiera tiene el caso sino que lo tiene una Fiscalía Adjunta”.

Cabrera comentó que si bien actualmente no se estaba llevando a cabo una investigación independiente a la del Estado, organizaciones defensoras de derechos humanos quieren hablar con expertos internacionales que ayuden a diseñar una hoja de ruta y un protocolo para empezar una subcomisión, que alterne y fortalezca la investigación oficial. Esto sería con el fin de abrir un espacio para dar información sobre razones, posibles escenarios y líneas para investigar.

Fue un “asesinato político”, dice investigadora de la UNED

Dirigente y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Rojas Ortiz, quien en el momento de su asesinato tenía 59 años, fue perseguido por personas no indígenas, usurpadoras de tierras en el territorio de Salitre, así como por el Poder Judicial. Ese mismo lunes del homicidio, en horas de la mañana, había bajado por el camino pedregoso hasta Buenos Aires, para acompañar a otros dos indígenas a que presentaran una denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires, por amenazas de supuestos usurpadores de tierras.

Rojas Ortiz ya había sufrido amenazas, intentos de asesinato e incluso desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado costarricense protegerlo porque su vida corría peligro.

Para Xinia Zúñiga Muñoz, investigadora en el proyecto “El territorio indígena de Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010-2017”, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el asesinato de Rojas Ortiz “fue un asesinato político, porque él estaba liderando las acciones de recuperación de tierras, las negociaciones con el Gobierno y la resistencia hacia distintas formas de violencia”.

El territorio indígena de Salitre abarca unas 11.700 hectáreas y según datos recopilados por el CICDE, desde el 2010 las y los recuperadores indígenas han recuperado 45 terrenos, que representan 1.300 hectáreas que actualmente tienen para vivir, cultivar y habitar de acuerdo a su cultura.

"El pasado 20 de mayo, una delegación de la Comisión Interamericana visitó Salitre y reiteró lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva por parte de los Estados respecto de las tierras indígenas puede crear un clima de incertidumbre permanente, afectando en consecuencia la paz social del colectivo" dijo Zúñiga Muñoz.

Mariana Delgado, lideresa bribri de Salitre, y co-investigadora comunitaria del CICDE, insistió en que “la presencia de la policía no es la solución”.

Delgado enfatizó: “La solución es el saneamiento de los territorios. Mientras esto no ocurra, el Estado tiene que protegernos porque siguen las amenazas de muerte contra los recuperadores. Antes de que asesinaran a Sergio, ¿de qué nos sirvió la protección? Hay violencia y no ha sido erradicada. Hay amenazas de muerte contra defensores y defensoras. El pueblo bribri de Salitre se enfrenta todos los días a un gran monstruo, que es el Estado”.

“Hoy no nos acompaña nuestro querido hermano Sergio Uniwak [clan al que pertenecía]; nuestro Pablo Presbere de 2019”, dijo Delgado.