Así lo afirmaron este viernes, docentes e investigadores que participaron en un foro sobre el expediente 21.336, la Ley Marco de Empleo Público, organizado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), donde insistieron en que dicha ley “es inconstitucional” porque va en contra del artículo 85 de la Constitución Política, que garantiza la autonomía universitaria.

Precisamente el martes, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa rechazaron excluir a las universidades públicas del proyecto de ley, aunque sí quitaron a las empresas en competencia -Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Seguros y bancos-.

Giovanni Beluche Velásquez, coordinador de la programación humanística de la Universidad Técnica Nacional (UTN), afirmó en el foro que las comunidades universitarias no conocen las implicaciones de este proyecto de ley.

“Invito a que hagamos más foros, que lo impulsen las autoridades universitarias a lo interno, para que los trabajadores sepan de lo que se está hablando y lo que nos estamos jugando para ver si cambiamos esa pasividad que las universidades públicas mostramos cuando aprobaron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y la seguimos mostrando”, opinó Beluche.

Durante el foro organizado por Conare, diversos docentes e investigadores expusieron los principales impactos que tendría el proyecto en las universidades públicas.

El proyecto de ley establece un régimen único de empleo público conformado por 8 familias de puestos para toda la administración. Cada familia de puestos tendrá una columna de salario global que indicará el puesto y la remuneración. Además, la Dirección General del Servicio Civil será el ente rector del empleo público.

Ana Lucía Valencia González, directora de la oficina jurídica de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), refirió que la ley claramente violenta la autonomía universitaria y cercena el manejo del personal por parte de las universidades. “Se vale venir a organizarlo; pero respetemos las autonomías”.

También explicó que la iniciativa eliminaría el régimen de méritos y reconocimientos, que permite a las universidades públicas competir con universidades privadas e internacionales en cuanto a salarios de sus profesionales, lo cual podría generar una fuga de cerebros.

Como se ha mencionado anteriormente en las discusiones, el proyecto de ley es inconstitucional porque va en contra del artículo 85 de la Constitución Política, insistió Valencia.

Beluche coincidió en que el proyecto atenta contra la autonomía universitaria. “Las universidades son entidades de educación superior que hacen docencia, acción social, investigación, extensión, producción y deben ser excluidas de este proyecto porque están en competencia; hay más de 80 universidades privadas con las que debemos competir”, mencionó.

Por su parte, José Antonio Cordero Peña, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que en el proyecto de ley se está partiendo de que todos los pluses salariales son iguales y que todos son automáticos; “pero hay pluses basados en productividad, que deberían llamarse incentivos por productividad”.

Para Shirley Benavides Vindas, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), es importante que el público sepa que las personas académicas responden a un sistema con escalas y evaluaciones que les permiten ascender según la docencia, investigación, extensión y producción que realicen.

“Nos evalúan sobre los resultados de aportes a la universidad y a la sociedad costarricense” y agregó que las universidades ya tienen un proceso rígido de trabajo de evaluación, que dista mucho de las evaluaciones tradicionales del Servicio Civil.

Beluche añadió que la ley vendría a violentar el derecho a la negociación colectiva, al plantear fórmulas que impiden que mediante la negociación colectiva se acuerden condiciones laborales esenciales. “Desaparecen las organizaciones gremiales como contrapartes, algo fundamental en la vida democrática”, dijo.

Y destacó que la ley deterioraría las oportunidades de estudio para las familias de menos recursos, desestimula el desarrollo profesional de las personas académicas ante la falta de oportunidades de mejora salarial y de estabilidad laboral, procura la reducción de los programas de becas y la extensión social, y define los procesos de reclutamiento de las universidades. 

(* pomaredafabiola@gmail.com)