La directriz afecta al presidente y a los vicepresidentes, los ministros y viceministros, así como los presidentes, gerentes y subgerentes de las instituciones autónomas.

Este miércoles, la ministra Aguilar acudirá al Congreso para atender las consultas de los diputados sobre el plan elaborado por el nuevo gobierno para contener el crecimiento del gasto público, el cual constituye un requisito de los partidos de oposición para eventualmente apoyar una reforma fiscal que implique nuevos impuestos.

La nueva administración ha definido como un objetivo primario y urgente la aprobación de la reforma, como uno de los mecanismos para reducir el déficit fiscal que cerró en 2017 en un 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y que amenaza con llegar a una cifra aún más alta este año si no se toman medidas.

El presidente Alvarado ha mencionado, como parte de las responsabilidades del Poder Ejecutivo en este tema, la contención del gasto y la mejora en los procedimientos de recaudación, de manera que se reduzcan la evasión y la elusión fiscal. Sin embargo, ha advertido que solo la conjunción de medidas para reducir el gasto y aumentar los ingresos permitirían dejar el déficit fiscal en un pocentaje manejable, máximo de 3 puntos porcentuales.