Costa Rica forma parte de una lista de naciones no cooperantes en la lucha contra el terrorismo, por considerar que su marco jurídico es muy laxo en medidas de prevención y detección de maniobras que podrían favorecer la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

El nuevo marco legal aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa, este jueves y consiste en una reforma de los artículos 33, 33 bis, 69 bis y 86 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo Ley 8204.

La reforma a estos artículos ajusta el marco jurídico costarricense a las acciones de prevención y combate al financiamiento al terrorismo, el lavado de capitales y otras actividades mediantes las cuales se financian las organizaciones delictivas. Entre las medidas que también se piden al país están las de tipo fiscal, como el registro de accionistas de las sociedades anónimas para evitar la evasión de controles fiscales.

Informe ante el GAFI

Esta nueva legislación cumple con los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) organismo que desarrolla y promociona políticas para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Costa Rica presentará este logro como parte de informe que defenderá el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, la próxima semana, ante los calificadores de GAFILAT (ente regional de GAFI) que sesionará en Buenos Aires, Argentina.

El ministro Alfaro explicó que “la legislación aprobada nos permitirá llegar con una mejor posición ante GAFILAT, es parte de las deficiencias que nos habían señalado en el informe anterior, por lo que era de vital importancia solventar estos aspectos previo a la nueva rendición de cuentas ante este organismo internacional”.

“Esperamos que estos avances permitan evidenciar el compromiso país con la lucha contra el terrorismo e impidan que Costa Rica se ubique en la lista de naciones no cooperantes”, afirmó.

De igual forma, Alfaro reiteró a los diputados y diputadas la solicitud de aprobar el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal el cual proporcionará nuevas herramientas legales para transparentar los beneficiarios de las entidades jurídicas, lo cual consolidará el compromiso país con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.