Las dos organizaciones que se verán directamente afectadas con el traspaso de los EBAIS, pidieron al Rector henning Jensen que les explique por qué la Presidenta Ejecutiva, Ileana Balmaceda y otras autoridades de la Caja afirmaron que “la UCR fue incapaz de negociar un nuevo acuerdo”, si él había manifestado con anterioridad que “existe el potencial de mutuo beneficio de ambas instituciones”.

Agregan que, sin embargo, “en el oficio  R-5471-2013 manifiesta que no se puede firmar un Convenio de Cooperación CCSS-UCR porque “nuestra institución no dispone de ninguna información que permita presumir el interés de la CCSS “.

Las autoridades universitaria, continúan, deben explicar cómo es que dos instituciones que no pudieron ponerse de acuerdo “lograron firmar un Addendum al contrato para contribuir a la mayor privatización de la historia de servicios de salud pública de primer nivel” en la que no sólo se traspasan los derechos, sino también entran en la operación comercial el recurso humano y materiales públicos que serán entregados “a un ente privado, siendo estos producto de una gran inversión de fondos públicos y teniendo de testigo de este acto la misma Presidenta de la República”.

El SINDEU y la Junta de Salud de Montes de Oca advirtieron que, una serie de aspectos que no están claros y han generado dudas sobre la transparencia del proceso, deberían ser suficientes para detener el traspaso y privatización de los 45 EBAIS del sector este de San José.

El anuncio de la Caja del Seguro Social de que concesionó solo 36 EBAIS y cerrará los otros nueve, sostienen, significa que alrededor de 36 000 asegurados serán reubicados generando la saturación de los EBAIS en detrimento de la calidad de los servicios que hasta ahora brindaron.  Estos centros de salud atienden en conjunto a una población de más de 168 000 asegurados.

Ambas organizaciones interpelaron a las autoridades universitarias, ¿cuáles fueron los parámetros? para tomar la decisión de abandonar el Proyecto PAIS.

“¿Cuáles son los intereses que hay detrás de cerrar un programa que en palabras de las propias autoridades universitarias ha sido valioso, y aún más, concesionar servicios de primer nivel, claves para mantener un modelo y nivel de salud pública que responde a la visión de país, que nos ha hecho un país de referente en esta materia?”

Recordaron que en varias oportunidades el Rector Jensen indicó que “la UCR está dispuesta a participar en el rescate de esa aspiración colectiva, hombro a hombro con la sociedad civil” y después cambia de criterio.

El 14 de este mes de agosto, el Rector Jensen recordó a las autoridades de la Caja que debido a su desinterés de continuar con el modelo “paradigmático” de salud desarrollado por la UCR en los cantones de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, y la imposibilidad de llegar a acuerdos con la jerarquía de la Caja, la Universidad se retira de la administración de los 45 EBAIS, y que el plazo del 14 de febrero de 2014 “es impostergable”.

Las autoridades de la UCR sostienen que administrar los centros de atención de salud sin que se reconozcan los costos reales en que incurre la Universidad ha provocado un déficit en su presupuesto del orden de los 5000 millones de colones. Suma insostenible para la UCR.

Transcribimos un segmento del llamamiento que hicieran, este jueves, el SINDEU y la Junta de Salud de Montes de Oca

“Ante las últimas declaraciones del Rector de la Universidad Henning Jensen de que definitivamente el 14 de febrero de 2014 se cierra el PAIS y las declaraciones de la  Dra. María Eugenia Villalta, Gerente Médica de la CCSS de que se están ultimando los detalles para la asignación del Cartel de Contratación Directa no. 2013CD-000061-05101, el SINDEU, CGT y la Junta de Salud Montes De Oca denuncian que:

1. La administración de la CCSS  se ha caracterizado desde hace varios años por una política de desestimular la inversión en modernización y fortalecimiento de los servicios en la CCSS y de entregar los servicios de salud pública a las empresas privadas.

2. La CCSS prefiere pagarle mayores tarifas a cooperativas, empresas y universidades privadas, que como lo dijo la Dra. Ileana Balmaceda, en una entrevista en prensa, porque “éstas tienen que lucrar”, a diferencia de una institución pública como la UCR, quien aporta un valor agregado de acuerdo a su naturaleza en el ámbito de la docencia, investigación y fundamentalmente en la Acción Social (proyecto cero caries, exitoso a nivel nacional e internacional, Laboratorio Clínico acreditado, arte salud, tomando café con pañales, TCU, prácticas profesionales de distintas unidades académicas entre otros.

Es un proceso de concesión que, poco a poco, es la privatización de los servicios que en la actualidad son derechos por el sistema solidario de la CCSS.

4. La Rectoría firmó un Addendum de carácter financiero para recuperar la deuda y no para mantener el Programa de Atención Integral de Salud (PAIS), creando las condiciones para su sostenibilidad temporal y estableciendo los parámetros técnicos para realizar la transición de los EBAIS al nuevo proveedor (inversión de recurso humano, materiales y infraestructura de la UCR) y permitiendo a la CCSS realizar la búsqueda de un nuevo administrador de los EBAIS entre proveedores privados.

Ante  la Comunidad Universitaria, los usuarios de las 45 EBAIS y la Opinión Pública:

1. Demandamos la  anulación del proceso de Contratación Directa no. 2013CD-000061-05101, por representar la tercerización y la privatización de los sistemas de atención primaria de salud en las Áreas de Salud de Montes de Oca, Curridabat  y San Juan, San Diego y Concepción de La Unión.

2. Nos oponemos al cierre  de 9 de los 45 EBAIS, producto de lo que la CCSS llama re-sectorización.

3. Exigimos que la Administración de la UCR garantice la estabilidad laboral de los 400 trabajadores(as) que no son responsables del cierre del Programa y lo hicieron exitoso, a pesar de sus deficiencias económicas, ¿Por qué los funcionarios deben pagar por los errores de administración de las instituciones?

4. Solicitamos a la Rectoría y al Consejo Universitario que se pronuncien en contra de la Concesión de la Salud Pública, que reflejen los principios de igualdad de atención y de derechos.

5. Solicitamos que tanto la CCSS y la UCR implementar enfoques de evaluación que midan los impactos sociales, el cambio cultural y los beneficios que el Programa ha traído al desarrollo nacional y de su factor más importante, su gente.

Esto ante la ausencia de un modelo tarifario en la CCSS que refleje y tome en cuenta el verdadero costo en que el país incurre para mantener niveles salud equivalentes a los de países desarrollados, tomando en cuenta únicamente elementos de tipo financiero.

6. Solicitamos que la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, la Dra Ileana Balmaceda y el Rector de la UCR, Dr. Henning Jensen, como instituciones hermanas y administradores directos del programa PAIS, que se sienten a negociar nuevamente un convenio por el bienestar de las más de 36.000 usuarios.

Así mismo, a la Presidenta de la República Laura Chinchilla, a intervenir y tomar las medidas correspondientes para que garanticen los derechos de la sociedad civil en el ámbito de la salud pública”.