La inédita demostración fue convocada por la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), que desde hace cinco años realiza una labor de asistencia a hombres que sufren despojo económico y agresión psicológica de parte de mujeres.

Los manifestaciones pedían al gobierno que se revisen aspectos de la legislación que protege a las mujeres y a los niños, porque  se están cometiendo grandes abusos.

El director administrativo de la organización, Manuel Herrera,  aseguró que el principal problema es que los hombres no están recibiendo un trato equitativo en los juzgados, donde en temas de familia la palabra de la mujer tiene valor absoluto y se desvaloriza el punto de vista de los hombres.

“Hay una gran cantidad de falsas denuncias hechas por las mujeres para expulsar a los hombres de sus casas, privarlos de sus bienes y separarlos cruelmente de sus hijos”, manifestó.

El problema, dijo Herrera, se viene gestando desde hace muchos años, pero no es sino hasta ahora que los hombres  se atreven a denunciar las situaciones, porque existía temor a la ridiculización y al estigma social. Hace 5 años, cuando inició Fundiapho,  un abogado atendían dos o tres casos diarios, hoy hay cinco abogados que atienden entre 6 y 7 cada uno, apuntó.

El activista explicó que la organización no busca proteger a hombres irresponsables o agresores, sino salvaguardar los derechos de padres responsables que son víctimas de manipulaciones y que deben sufrir la separación de sus hijos y en muchas ocasiones la cárcel.

Una puerta cerrada

Antes de dirigirse a la vivienda de Solís, el grupo se detuvo frente a la casa de la vicepresidenta Ana Helena Chacón, que está ubicada a una escasa cuadra de las instalaciones de Fundiapho. La intención de los quejosos era entregarle el documento a la funcionaria.

Sin embargo, Chacón se negó a salir y eso produjo el enojo de los manifestantes, que reclamaron a gritos el tener oídos para otros sectores, como las minorías sexuales, y negarse a escuchar sus argumentos.

Un nuevo gesto de rechazo sufrieron los manifestantes al acercarse a la casa de Solís en barrio Escalante, pues un cordón de policías ubicado a unos 50 metros del edificio de apartamentos en que vive el presidente, les cerró el paso.

 Ana Laura Solís, una abogada especialista en temas de familia, fue una de las decenas de mujeres que desfilaron este domingo, para repudiar lo que considera una situación tremendamente injusta.

"En este momento hay más de 300 hombres en La Reforma por no pagar la pensión alimentaria. De esos 300 hombres, los que pueden reunir el dinero pagan y salen; los que se quedan en prisión tres, cuatro, seis meses son los vendedores ambulantes, los cuidacarros, los que la pulsean duro y aún así no les alcanza para pagar los montos de las pensiones fijadas por los juzgados", explicó. 

“Por supuesto hay hombres agresores y hombres que no cumplen con sus responsabilidades y es bueno que haya leyes que protejan a las mujeres y a sus hijos de este tipo de situaciones. Pero no es cierto que en todos los casos la mujer tenga la razón y ese es el criterio con que están resolviendo los jueces”, manifestó Solís.

Solís asegura que el avance de "las ideologías de género y el feminismo radical" empujan al país a una "especie de dictadura". 

La abogada criticó el hecho de que el Poder Judicial tenga una “secretaría de género”, un organismo que se dedica a propalar conceptos de esa ideología, que reparte panfletos y presiona para imponer una línea desequilibrada en contra de los hombres.

“El hecho de que las mujeres hayamos sufrido discriminación históricamente no es un argumento para revertir la situación y convertir a hora a los hombres en los sujetos de discriminación”, argumentó.