Bajar el déficit en un punto del PIB por la vía del gasto, implicaría despedir a 20.000 empleados públicos, afirmó el presidente Carlos Alvarado.
La propuesta de ajustes dada a conocer por el gobierno “sigue estando sobre la mesa”, señalo el mandatario en conferencia de prensa, “y estamos en el ánimo de discutir y negociar” con los diputados sobre todos los aspectos, “pero también necesitamos avanzar”.
Alvarado dijo que el acuerdo con el FMI es importante porque, de no hacerlo, se limitaría la confianza de otras fuentes de financiamiento, en un momento en que el país requiere de créditos blandos para recuperarse del impacto de la pandemia.
Por otra parte, calificó de “irresponsable” la actitud de quienes afirman que se puede salir adelante sin nuevos impuestos, aplicando una severa reducción del gasto. Es una consigna “muy popular, pero muy irresponsable”, expresó.
El gobernante manifestó que el gobierno ya está haciendo todo lo que está a su alcance para bajar el gasto y mencionó como prueba de ello una serie de iniciativas de ley que discute la Asamblea Legislativa, pero estimó que todas esas medidas son insuficientes para rellenar el enorme bache fiscal.
Entre los proyectos que mencionó está la congelación de las anualidades de los empleados públicos por los próximos 2 años; el proyecto de empleo público que tiene que ser dictaminado próximamente por los diputados y que implica una relevante estrategia de eficiencia y reducción del gasto.
“Si tuviéramos que ir solo por el lado del gasto, es importante ser específicos. Para bajar el gasto en un punto del Producto Interno Bruto (PIB) tendríamos que prescindir de 20.000 empleados público, un tercio de los funcionarios del Ministerio de Educación o más de la totalidad de la Fuerza Pública”, aseguró Alvarado.
Por lo tanto, un componente del plan tiene que venir de impuestos, pero el gobierno ha hecho una propuesta que no afecta para nada a las personas de menores de ingresos, aproximadamente al 40% de la población, formuló.
Evasión y exenciones
El presidente salió al paso de quienes plantean que con solo controlar la evasión fiscal y eliminar las exenciones a diversos sectores se podría solventar el déficit fiscal.
“Es por eso que hemos propuesto el proyecto de Hacienda Digital, que está pronto a ser votado por la Asamblea Legislativa”. Dicho proyecto, explicó, permitirá superar muchas de las deficiencias del actual sistema, que se encuentra desfasado ante las necesidades del país.
En cuanto a las exenciones, están establecidas por ley y por eso el Ejecutivo ha propuesto al Congreso la eliminación de una serie de esas exenciones.
Activos del Estado y marchamo
Ante las propuestas de algunos sectores, como la Unión de Cámaras, de vender otros activos del Estado, aparte de FANAL y BICSA -cuya venta está incluida en la propuesta oficial-, Alvarado se mostró en desacuerdo, argumentando que su oferta de campaña electoral no prevé la privatización de empresas estatales.
En todo caso, afirmó, si alguien considera que hay otros activos susceptibles de privatización, que haga la propuesta a los diputados. “Los congresistas tienen derecho de enmienda”.
Finalmente consideró muy perjudicial la iniciativa de reducir o eliminar el cobro del marchamo de este año, como forma de aliviar los impactos económicos de la pandemia para los ciudadanos.
“El marchamos financia carretas y otras obras públicas muy importantes, no hacer el cobro generará un hueco mayor en las finanzas del Ministerio de Transportes. No nos parece que sea lo más adecuado, habría una gran afectación en el plan de construcción de obra pública, pero igual la decisión está en manos de los diputados, concluyó.
