La Fiscalía acaba de poner la “cereza en el pastel” de la corrupción costarricense: desestimó una causa seguida a uno de los hermanos Arias por utilizar como fondos privados una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Gobierno Costarricense.
El BCIE donó dos millones de dólares al Gobierno administrado por Oscar Arias Sánchez (2006-2010), los cuales pasaron a ser inmediatamente fondos públicos. Sin embargo, su hermano Rodrigo, ministro de la Presidencia, solicito que ese dinero se usara con criterios personalistas y al margen de lo que establecen las leyes, sobre el uso y manejo de fondos públicos, lo gastó a su discreción aduciendo que eran de carácter privados.
Desestimar esta causa es la “gota que derrama el vaso” de la corrupción política. Es aplastar uno de los pocos vestigios de honestidad en el Poder Judicial. Se confirma el nivel de penetración del crimen organizado en las esferas judiciales, comenzando por algunos defensores del Pueblo y terminando con la misma Corte Plena, cuya mayoría de Magistrados son presa de la desesperación por reelegirse y para ello desestiman cualquier denuncia en contra del partido político que pone sus votos legislativos a su disposición.
En la Centro Penal La Reforma guardan prisión delincuentes por causas menores que estos hechos. En el Poder Judicial, hacen gala de su color político y obedecen la línea que le dictan los dueños de la Justicia costarricense. Muchos Magistrados y por estos, algunos jueces, fiscales y funcionarios; se limitan a hacer la voluntad de los que pueden reelegir a los miembros de la Corte Plena.
Solo 20 diputados son necesarios para apoderarse del Poder Judicial. Con esa cifra, se le garantiza a cualquier Magistrado su continuidad en el cargo hasta su pensión. Lo único que tiene que hacer es absolver a los políticos corruptos y a sus serviles de toda causa y perseguir a los que sean un obstáculo para las aspiraciones políticas de los dueños de la Justicia.
Gracias a la Fiscalía, nunca sabremos si las 84 consultorías “contratadas” por el BCIE por orden de Rodrigo Arias, sirvieron para algo o si solo eran una estrategia para cobrar dineros por servicios fantasmas o de mala calidad y desviar los fondos a las arcas ajenas de algún político corrupto.
Por cosas como estas es que los delincuentes cada día son más violentos y matan a cualquiera por mil colones. Su frustración crece al ver que los políticos “peces gordos” de la corrupción y la delincuencia son absueltos sin mayor problema, mientras que a ellos se les persigue y se les plica todo el peso de la Ley. Esto hace que la delincuencia común se sienta con la autoridad moral de “robar como lo hacen los de arriba”. Ese ejemplo que brinda el Poder Judicial de impunidad ante la Ley y la constitución, incita a los delincuentes a perderle el respeto a toda regulación y norma moral de la sociedad.
Cuando sea víctima de un asalto y quiera saber quién es el responsable, solo recuerde la absolutoria que el Poder Judicial le otorga a los políticos corruptos de nuestro país.
(*Luis Alberto Salas Sarkís, Ced. 1-560-606, Tel. 8363-9107)
