“Con este decreto atendemos una expectativa tanto del sector público como del privado para propiciar una mayor colaboración y trabajo conjunto, maximizando los recursos y capacidades de los diferentes sectores, con el fin de impactar positivamente en las condiciones de vida y de sostenibilidad para el país, generando valor compartido y mayor impacto”, señaló Geannina Dinarte, ministra de Economía, Industria y Comercio.
Esta iniciativa se enmarca en las tareas de la Administración Solís Rivera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, así como en la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030, que incluye como uno de sus ejes la articulación y participación social en la lucha contra la pobreza y el impulso a las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD).
En paralelo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) generó un proceso de trabajo institucional, por medio de jornadas con distintas dependencias vinculadas al desarrollo de las APPD, para dinamizar este tipo de alianzas y vínculos de cooperación con empresas y organizaciones de la sociedad civil.
La Política Nacional de Responsabilidad Social
Se lanzó en junio del año anterior, con el fin de buscar que las prácticas socialmente responsables sean parte de la visión de Gobierno corporativo, tanto en las empresas, como en el Estado y en las diversas organizaciones costarricenses.
La iniciativa se desarrolló en conjunto con el Consejo Consultivo de Responsabilidad Social a través de la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (Aliarse), y la Comisión Interinstitucional de Responsabilidad Social, en el proyecto en que se trabaja desde el 2016.
