Cuatro hombres identificados como Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Edilson Duarte fueron detenidos el lunes como los presuntos autores materiales del asesinato de Cáceres, el pasado 3 de marzo.

Rodríguez, de 49 años, es empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A., de parte de la cual Cáceres había recibido amenazas de muerte por su oposición a la construcción de una represa en territorio de la etnia indígena lenca.

La empresa desarrollaba los trabajos para construir una represa en río Gualcarque, que se encuentra dentro del territorio indígena de la comunidad leca en el departamento de Santa Bárba, al noroeste del país.

Otro de los implicados es el mayor de infantería Mariano Díaz, quien “ha sido puesto a la orden de las autoridades judiciales”, según dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Francisco Alvarez.

Los otros dos son un militar ya retirado y una persona cuyas calidades no han sido descritas por las autoridades.

La fiscalía explicó que los indicios que involucran a los cuatro detenidos en el asesinato de Berta Cáceres y en el intento de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, testigo protegido, están sustentados en “pruebas científicas”.

No a la represa

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza.

Durante el ataque, se encontraba junto a Cáceres el mexicano Gustavo Castro, quien resultó levemente herido.

La dirigente étnica se oponía a través de tomas de carreteras y manifestaciones al Proyecto Agua Zarca que DESA emprende en el río Gualcarque, en comunidades lencas afiliadas al Copinh, y gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al denunciar amenazas de la empresa, a causa de esa lucha ambiental.

En un comunicado la familia de Cáceres y Copinh manifestaron que "debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles".

Sin embargo, "la presunta participación de militares activos y retirados vinculados con la empresa DESA pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato, lo cual debe ser profundizado, y es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de manera inmediata y definitiva", añadieron.

"Si el Estado realmente ha realizado una investigación exhaustiva, diligente, basados en pruebas científicas y respecto de todas las autorías (material e intelectual), hoy mismo debería aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, a través de un grupo de personas expertas independientes se analicen las actuaciones hasta ahora realizadas", agrega la declaración

DESA emitió un comunicado diciendo que su proyecto Agua Zarca "en ningún concepto es responsable ni tiene vinculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres" y se declaró "sorprendida con la detención del licenciado Sergio Rodríguez, quien ejerce como gerente en temas sociales y medioambientales de la empresa".