Fachada del Gran Hotel Manzana en La Habana (Cuba). GETTY

Justo cuando la UE trata de rebajar tensiones con la negociación de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, la Administración de Donald Trump ha optado por dar otro paso en la dirección opuesta. 

La legislación norteamericana amenaza especialmente los intereses de empresas españolas, sobre todo hoteleras, con actividad en Cuba. En un comunicado consensuado con los Veintiocho, Mogherini avisa a Estados Unidos que la decisión no solo “originará fricciones innecesarias” por los miles de pleitos que podrían plantearse, sino que también “debilita la confianza y la previsibilidad de la asociación transatlántica.

La aplicación del Título III de la ley aprobada en 1996, recordó la jefa de la diplomacia europea, implica una “violación de los compromisos asumidos” entre Estados Unidos y la UE en 1997 y 1998. Esa disposición permite que los ciudadanos de origen cubano puedan reclamar ante la justicia norteamericana las propiedades que les fueron confiscadas tras la revolución de 1959. Muchas de ellas podrían estar hoy siendo usadas por inversores europeos. Y precisamente para no dinamitar las relaciones un socio de la envergadura de la UE, las sucesivas administraciones estadounidenses han impedido en las dos últimas décadas que ese capítulo de la ley Helms-Burton entrara en vigor.

Contactos con otros socios internacionales

El mes pasado, la Comisión Europea ya remitió una carta al secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, en la que le advertían de posibles denuncias ante la OMC y de que esa misma cascada de reclamaciones que puede darse en Estados Unidos puede reproducirse en el otro lado del Atlántico como mecanismo de defensa. El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, ya anticipó hace apenas una semana “una fase de extrema actividad litigiosa ante los tribunales de la OMC”. “La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el Derecho internacional”, abundó Mogherini en el comunicado.

Pero después de que Estados Unidos haya vuelto a tensar la cuerda, la UE también piensa desenfundar el llamado Estatuto de Bloqueo, que precisamente fue concebido para eludir las sanciones contra empresas europeas con presencia en la isla y que tuvo que ser actualizado cuando Trump decidió restablecer las sanciones contra Irán.

El estatuto prohíbe a los residentes y empresas de la UE cumplir con una legislación extraterritorial a menos que sean autorizados por la Comisión Europea y permite a las compañías reclamar compensaciones por los daños y perjuicios derivados de esas normas de un tercer país. De forma paralela, la UE advirtió de que seguirá trabajando con otros socios internacionales, quien también “han manifestado su preocupación” por la aplicación de la ley.