El problema es que se va por las razones equivocadas. Le están cobrando lo que hizo bien: defender los derechos humanos, mantener las guías sexuales, y proponer medidas para proteger minorías discriminadas. 

El cambio de jerarca en el MEP no debiera significar abandonar esas políticas progresistas en materia de derechos humanos. En ese sentido es de esperar coherencia del gobierno.

Esa falta de capacidad de diálogo y negociación del gobierno han permitido que se junten y se sigan juntando muchos descontentos sociales. El cambio en el Ministerio de Educación no resuelve los problemas y demandas. Magisterio, policías, pescadores, traileros y transportistas, trabajadores del ICE y de la CCSS, entre otros se han movilizado o anuncian movilizaciones en estos días.

Desde el Frente Amplio respaldamos la lucha social cívica y pacífica. El camino que escogimos es el de la vía democrática y de respeto al orden constitucional. En ese sentido hemos dicho que en Costa Rica no se tumban presidentes, sino que se ganan elecciones. No hay otro camino.

Mantenemos una relación respetuosa pero independiente de los sindicatos y otras organizaciones sociales. 

Los sindicatos y las organizaciones sociales no son correas de transmisión de las líneas políticas o ideológicas del Frente Amplio. Ni el Frente Amplio está obligado a apoyar posiciones o acciones del sindicalismo y los movimientos sociales.

Estamos de acuerdo con parte de las reivindicaciones que en estos momentos se agitan desde el campo social, pero no con todas. Estaremos siempre a favor de la educación sexual de nuestra juventud y de los esfuerzos contra el bullying y cualquier otra forma de discriminación. 

Nunca podríamos entender que las dirigencias sindicales adopten una agenda conservadora en materia de derechos humanos. Si se vieran en el espejo de Brasil, comprenderían que es solo cuestión de tiempo para que los fundamentalistas que hoy persiguen a las personas sexualmente diversas, se vuelvan también contra otros sectores y movimientos sociales. 

Estamos en contra de las mafias cooperativas y creemos que lo mejor por el momento es mantener la intervención de INFOCOOP. Estamos en contra de métodos de pesca ambientalmente depredadores e insostenibles, aunque entendemos la necesidad de resolver los problemas sociales de desempleo que el cambio genera. Creemos en el avance que significa el transporte eléctrico, en primer lugar, el de trenes de carga y para pasajeros, aunque por el momento se están apenas formulando los proyectos y estaremos vigilantes de que el virus de la corrupción no les afecte.

Quienes en medio de esta confusión reinante y un clima enrarecido agitan con aventuras golpistas y acciones violentas contra el gobierno y el Estado, unidas casi siempre a discursos religiosos, son grupos minoritarios que intentan pescar en río revuelto, que buscan crear una crisis política que no ocurrirá porque prevalecerá la conciencia democrática y las tradiciones civilistas del pueblo costarricense.

Pero también queremos advertir.

 Que el cambio de ministro en el MEP no nos distraiga.

 En la Asamblea Legislativa,  mientras tanto, sigue su curso, casi intacta, una agenda neoliberal y anti-popular. 

En esta semana que entra a regir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que  diversos sectores protestan con razón por sus efectos injustos, pretenden dictaminar con vía rápida y guillotina el proyecto de ley revanchista que cercena el derecho constitucional a la huelga. Esta forma de proceder de un gobierno que habla de retomar el diálogo resulta incomprensible.

Aquí parece que son otros, no los sindicatos, los que insisten en echar gasolina al fuego. 

También en este parlamento se sigue discutiendo el proyecto de ley de educación dual que convierte al estudiante no en mano de obra barata, como se ha dicho, sino en mano de obra gratis, sin derechos laborales ni seguridad social. Aquí está también el proyecto de ley sobre empleo público y se discuten las acciones del gobierno para prácticamente cerrar JAPDEVA y seguir desmantelando al ICE.

La energía social desatada debiera encontrar un cauce justiciero, solidario, ubicado en la perspectiva del logro del bien común. A la par, abrir los espacios de diálogo y negociación corresponde al gobierno y también a las fuerzas presentes en el parlamento. Negociación de verdad, no de mentirillas como ocurrió en la huelga contra el plan fiscal. Los sectores sociales pueden y deben criticar con fundamento estos proyectos de ley, mejorar lo que se pueda mejorar, oponerse a lo que haya que oponerse. La confrontación respetuosa de ideas sigue siendo un camino para encontrar acuerdos, desterrando las posiciones inflexibles.