En los años 40 del siglo pasado, la ciudadanía activa de la época, especialmente su clase trabajadora, salía a las calles para demandar la instauración de un sistema público de Garantías Sociales, dentro de las cuales, la fundación de lo que años más tarde sería nuestra madre institucional, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ocupó primerísimos lugares dentro de la agenda de lucha popular y cívica de aquel entonces.
 
Hoy, a casi 70 años de aquellas históricas jornadas, tenemos el más grande desafío desde entonces y con relación a esos trascendentales acontecimientos: emprender los más grandes esfuerzos para refundar la Caja, salvarla, pues de lo contrario, la hemos de sepultar ante nuestros ojos, con nuestra complicidad activa ó pasiva.
 
El entorno sociopolítico y económico conspira contra la existencia misma de la Caja. La correlación de fuerzas es totalmente favorable para que la salud se vea como negocio, como mercancía y no como Derecho Humano Fundamental.
 
Son varias las amenazas mortales que enfrenta la CCSS y llegó el momento de hablar claro, incluso, con las más descarnadas autocríticas para todos cuantos tenemos que ver, de manera directa, con lo que le ha pasado a la Caja y con lo que le puede pasar.
 
Cuatro o cinco gigantes transnacionales farmacéuticas, con sus referentes y representantes nacionales, tienen una especie de cártel del negocio de suministro de medicamentos, obligando a la Caja a pagar precios exorbitantes por las compras de los mismos, mediante participaciones arregladas en licitaciones.
 
Se ponen de acuerdo para turnarse en las ofertas y obtener la compra de manera alterna; o bien, a la que le dieron determinada compra alega, en último minuto, no poder cumplir con la entrega, obligando a la Caja a una compra de "emergencia", extorsionándola con precios exorbitantes por motivo de tal circunstancia. A esto hay que entrarle.
 
Conocemos el caso de un trabajador de Acueductos y Alcantarillados (A y A), quien está a punto de perder su empleo por cuanto, en su tiempo libre, le hizo a un vecino de su barrio un trabajo de fontanería. Le han abierto un proceso administrativo por ello, pues la institución considera eso como totalmente incorrecto e incompatible con la función pública  encomendada a dicho servidor.
 
¿Y los médicos biomberos? ¿Y los médicos que tienen, descaradamente, su propio consultorio privado frente a la propia clínica, al propio hospital donde laboran?... ¿Cuánto más se tendrá que "tolerar" esta situación, sabiéndose, incluso, de casos de gravísima interposición horaria porque le quitan tiempo laboral pagado a la Caja para ir a sus propias consultas privadas?...
 
No estamos en contra de la noble profesión médica, ni de ningún galeno en particular. Pero hay que cambiar este sistema. Hay que modificar la Ley de Incentivos Médicos para, por ejemplo, establecer, categóricamente, que el médico que trabaje para la Caja tiene una prohibición explícita de hacerlo en lo privado, so pena de perder el empleo sin indemnización alguna y de hasta cometer delito contra la salud pública. A esto hay que entrarle, también.
 
El sistema de compras de la Caja debe ser revisado profundamente. Especialmente en cuanto a la provisión de alimentos, como los productos agropecuarios. ¿Por qué se violenta el sistema establecido a través de la provisión de estos productos vía los mecanismos del Consejo Nacional de Producción (CNP), con su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), todo lo cual, incluso, tiene una ley al respecto que obliga a actuar en consecuencia? 
 
Digámoslo claro: muchas licitaciones de compra de alimentos, de verduras, de frutas, de tubérculos, tienen nombre y apellidos de antemano y la licitación es solamente fachada. A esto hay que entrarle también,   esperando ser más explícitos al respecto, en próximos comentarios.
 
La transferencia de recursos públicos de la Seguridad Social hacia el negocio privado de la salud, vía compra de servicios y alquiler de sofisticados equipos médicos, a lo largo de los últimos años, exige una ventilación pública total y absolutamente transparente.
 
La ciudadanía necesita saber de cuánta plata estamos hablando, con esa especie de saqueo "legalizado" que ha venido sufriendo la Caja, intermediando esa perversa mescolanza entre la concepción pública de la prestación de sus servicios y la apropiación privada de sus finanzas vía este tipo de negocios.
 
A esto hay que entrarle, también, pues es importante saber nombres de personajes políticos que lucraron con la Caja para sus negocios de medicina privada; es preciso saber cuánta plata estuvieron recibiendo en los últimos años por tal razón; saber cuáles son esas empresas mercantiles de servicios hospitalarios tan pujantes hoy, que estuvieron recibiendo dineros de la Caja...  A esto hay que entrarle, sin duda alguna.
 
¿Cómo es eso de que las universidades privadas que brindan carreras profesionales de Medicina, de Enfermería, pretenden que la Caja les facilite, ¡gratis!, sí, ¡gratis!, sus instalaciones hospitalarias para que sus respectivos estudiantes realicen su práctica académica, sin un solo centavo de pago adicional por ello?... ¿Se debe ó no se debe entrarle a esto también?... Usted qué opina de todo esto? A la Caja, ó la refundamos ó la sepultamos.
 

Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
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