Juan Carlos I, en enero pasado, cuando acudió al hospital para visitar a su sobrina Simoneta Gómez Acebo. En vídeo, el rey emérito anuncia a su hijo que se traslada fuera de España. José Oliva / Europa Press

Madrid – Juan Carlos I se ha marchado de España. El rey emérito ha comunicado a su hijo, Felipe VI, su “meditada decisión” de trasladarse al extranjero ante la “repercusión pública” de las noticias sobre sus cuentas en paraísos fiscales y “para contribuir” a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función “desde la tranquilidad y el sosiego” que el cargo requiere, según la carta difundida este lunes por la Casa del Rey.

El comunicado se ha hecho público unas horas después de que don Juan Carlos abandonara el Palacio de La Zarzuela, donde ha residido en los últimos 58 años, y cuando muy probablemente se encontraba ya fuera de España, según fuentes próximas a la Casa del Rey. El comunicado no especifica en qué país vivirá a partir de ahora el padre del Rey, de 82 años de edad, y presenta su salida de España como una decisión voluntaria, aunque consensuada con su hijo, que le ha mostrado su “sentido respeto y agradecimiento” por el paso que ha dado.

Para dejar claro que la marcha de don Juan Carlos no supone un intento de eludir la acción de la Justicia (la Fiscalía del Tribunal Supremo español y también la de Suiza están investigando sus cuentas en el extranjero), su abogado, Javier Sánchez-Junco, ha hecho pública una segunda nota en la que asegura que su cliente “permanece a disposición en todo momento del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna”.

Finalmente, Juan Carlos no perderá el título honorífico de rey, que le fue concedido por un real decreto de junio de 2014, pocos días antes de su abdicación. El padre del Rey se había negado a renunciar voluntariamente a este título, que no conlleva ningún privilegio asociado, y su hijo no ha querido despojarlo del mismo contra su voluntad como hizo con su hermana Cristina, a raíz del caso Urdangarin.

La decisión anunciada este lunes se esperaba desde que, el pasado 4 de julio, EL PAÍS desveló que la examiga del rey emérito, Corinna Larsen, había declarado ante el fiscal suizo que don Juan Carlos le donó 65 millones de dólares que supuestamente le había regalado el rey de Arabia Abdullah Bin Abdulaziz. A partir de ese momento se produjo un goteo de informaciones sobre las cuentas del anterior jefe del Estado en paraísos fiscales que amenazaban con erosionar el prestigio de la Monarquía.

El 8 de julio, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “inquietantes y perturbadoras” esas noticias, pero dejó claro que cualquier decisión al respecto correspondía al jefe de la Casa del Rey; es decir, al propio Felipe VI. Varios ministros urgieron al jefe del Estado a tomar una decisión drástica ante el temor de que el escándalo salpicara a la institución.

El Rey ha querido, sin embargo, concluir la gira por las 17 comunidades autónomas que inició el pasado 23 de junio, tras el levantamiento del estado de alarma, para evitar que este asunto eclipsara su propósito de impulsar la recuperación económica de los sectores y territorios más golpeados por la pandemia. Solo una vez concluida esta gira, la semana pasada en Asturias, y tras presidir el pasado viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) la cumbre de presidentes de las comunidades autónomas, decidió abordar este asunto.

Ha querido hacerlo, además, antes de que, el próximo fin de semana, los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía inicien unas vacaciones de 10 días en Baleares que, al contrario que en años anteriores, no incluirán una recepción en el Palacio de Marivent, pero sí un recorrido por las islas. La Casa del Rey no ha informado si la reina Sofía acompañará a los Reyes y sus hijas, aunque sí se sabe que esta seguirá viviendo en La Zarzuela y no se ha marchado con don Juan Carlos al extranjero.

Según las fuentes consultadas, el Rey ha consensuado la decisión final con el Gobierno y con su propio padre, de forma que la medida se presentara, como así ha sido, como una iniciativa de este último y no como una imposición. No obstante, la salida adoptada deja flecos pendientes: se ignora en qué país residirá Juan Carlos I (La Zarzuela no quiere desvelarlo alegando el respeto a su intimidad) y de qué vivirá, después de que Felipe VI le retirase en marzo pasado la asignación de casi 200.000 euros anuales que recibía de los presupuestos de la Casa del Rey.

A pesar de haberse marchado de España, Juan Carlos I no solo sigue siendo rey emérito, sino que también sigue formando parte de la Familia Real (Felipe VI la redujo a sus padres y sus hijas, tras excluir a sus hermanas) y, como tal, está sujeto a la normativa dictada en 2014 por su sucesor, que prohíbe a sus miembros recibir regalos de terceros incompatibles con su posición

Los problemas para Juan Carlos I comenzaron en verano de 2018 cuando agentes de la Policía Judicial suiza enviados por el fiscal Yves Bertossa entraron a registrar la gestora de fondos del administrador de fortunas Arturo Fasana. En aquel registro, Bertossa halló dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. La fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, que pagó vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen; y la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI.

Cuando se hizo pública esta noticia en marzo de 2020, el actual jefe de Estado anunció que renunciaba a la herencia de su padre y comunicó que un año antes Corinna Larsen había enviado una carta a la Zarzuela informándole de que el nombre del actual Rey aparecía, junto a los de sus hermanas, como beneficiarios de esa fundación. Desde Casa Real se tomó la decisión de informar al Gobierno y acudir a un notario para rechazar cualquier dinero de estas cuentas.

La investigación suiza reveló que Arturo Fasana ingresó el 8 de agosto de 2008 en la cuenta de Lucum en la banca privada Mirabaud 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Cuatro años después, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe del Estado a una cuenta en Nassau (Bahamas) del banco Gonet & Cie a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna Larsen. Bertossa embargó las cuentas de los sospechosos y abrió una causa secreta por blanqueo de capitales contra los implicados en la creación de la estructura y en la recepción del dinero.

El rey emérito no está siendo investigado en este momento, aunque fuentes judiciales suizas no descartan que lo sea en el futuro. La información enviada por Suiza a las autoridades judiciales españolas ha arrojado dudas sobre conductas del rey emérito posteriores a junio de 2014, cuando perdió el blindaje constitucional de la inviolabilidad.

Aunque ya sea imputable, el rey emérito está aforado en el Supremo, por lo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió a principios de junio que la Fiscalía del alto tribunal asumiera el caso. Esta fase de la investigación debe determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer algún delito desde que dejó el trono. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen ilícito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda pública superior a 120.000 euros).