Washington / Londres. Las consideraciones geopolíticas, los intereses económicos y el respeto a la soberanía prevalecen sobre la retórica favorable a los derechos humanos.

La cautela occidental no significa que el desarrollo de las protestas no sea un motivo de inquietud. El miércoles, el presidente de EE UU, Barack Obama, se sumó de improviso a una reunión en la Casa Blanca entre su consejera de seguridad nacional, Susan Rice, y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi. Obama y Rice “expresaron la esperanza de que las diferencias entre las autoridades de Hong Kong y los manifestantes se aborden de manera pacífica”, según un comunicado de la Casa Blanca.

El primer ministro británico, David Cameron, dijo el martes que se encontraba “profundamente preocupado” por la situación. Su viceprimer ministro, el liberal demócrata Nick Clegg, escribió en la red social Twitter que Reino Unido está comprometido con la fórmula de “un país, dos sistemas” en la que se basa el acuerdo de devolución de Hong Kong a China. “El sufragio universal”, dijo, “debe significar una verdadera elección para los ciudadanos de Hong Kong y una verdadera opción en las elecciones de 2017”.

Hong Kong fue colonia británica hasta que, en 1997, fue devuelta a China, bajo un acuerdo que permitía al territorio cierto grado de autonomía. El acuerdo garantizaba varias libertades básicas, entre ellas el derecho a la protesta pacífica, y permitía a Hong Kong avanzar hacia unas elecciones democráticas. Pero las autoridades chinas mantienen el derecho de veto sobre cualquier cambio político.

En Washington, donde las guerras en Oriente Próximo y la tensión con Rusia por Ucrania monopolizan la atención del presidente, China no figura como problema en la agenda de la política exterior. Obama ni mencionó este país en su discurso anual, la semana pasada, ante la Asamblea General de la ONU.

Pero empiezan a oírse los primeros lamentos por la tibieza del presidente. El diario The Washington Post ha avisado en un editorial de que “este es un momento crucial para que Estados Unidos envíe un mensaje claro al señor Xi [Jinping, el presidente chino]: que la represión es inaceptable y dañará las relaciones de China con el mundo democrático”.

También el británico Cameron escucha reproches. Uno de los líderes de las protestas en la excolonia, Martin Lee, acusó al primer ministro de vender a los activistas del territorio “por 30 monedas de plata” y de no haber sido suficientemente duro en sus críticas a la respuesta de Pekín tras la represión a los manifestantes el domingo.

Si las protestas de Tiananmen en 1989 sirven de guía, es poco probable que las manifestaciones de Hong Kong —hasta ahora pacíficas y con una respuesta policial contenida— alteren de forma significativa la relación con China. Tiananmen terminó con una masacre que cortó cualquier atisbo de democratización, pero la respuesta de la Administración del republicano George H. W. Bush fue tibia. Impuso algunas sanciones pero evitó la colisión. Maestro de la realpolitik, Bush optó por una política conciliatoria porque sabía que aislar a China perjudicaría los intereses de EE UU y de la economía mundial.

El recuerdo de Tiananmen pervive en las cancillerías occidentales. Pero, con variaciones, la política de Bush padre sigue vigente: la promoción de los derechos humanos convive con la conciencia de que ambas economías, las mayores del mundo, están entrelazadas. Cualquier injerencia demasiado brusca de EE UU, además, puede ser contraproducente y convertirse en un argumento de Pekín para deslegitimar a los manifestantes. A la espera del desenlace en Hong Kong, Obama prevé viajar a China en noviembre.