La nueva audiencia ha sido solicitada por Managua para pedir "medidas cautelares" por la alegada contaminación del río San Juan, a raíz de las obras de construcción de la ruta "1856".

El representante de Nicaragua ante la Corte de la Haya, Carlos Argüello, afirmó que la petición es para que ese tribunal ordene a Costa Rica suspender las obras mientras no haya elaborado y presentado un estudio de impacto ambiental.

El jurista nicaragüense Mauricio Herdocia, especialista en temas internacionales, dijo a una agencia de noticias que Nicaragua "deberá demostrar que existe un sentido de urgencia y necesidad asociada a un riesgo inminente de daño al propio río, a su navegación y al medio ambiente, que pueden ser mitigadas con medidas cautelares mientras se dicta un fallo definitivo".

"Es muy posible que la Corte avale las medidas cautelares" en correspondencia con el derecho internacional y el derecho ambiental, que establece que no se pueden realizar actividades en el propio territorio que destruyan zonas en otro Estado, agregó el jurista.

El gobierno de Costa Rica ha rechazado categóricamente las alegaciones de Nicaragua y asegura que no hay impacto ambiental sobre el río.

"Rechazamos que nosotros estemos generando impactos ambientales sobre el río San Juan que sean comparables a los daños que ellos han hecho a nuestros humedales", dijo recientemente la presidenta Laura Chinchilla.

Sin embargo, expertos de organizaciones ecologistas y de universidades públicas consideran que sí se actuó a la ligera cuando se iniciaron las obras y que no se ha valorado adecuadamente el impacto ambiental.

Entre otras cosas, se ha señalado la indiscriminada deforestación en la zona, que inevitablemente produce erosión.

La audiencia ante la CIJ es la segunda en un mes para Costa Rica y Nicaragua. A principios de octubre, Costa Rica planteó a los jueces la persistente violación de Nicaragua a las medidas dictadas anteriormente por la misma Corte, de no ingresar al territorio de isla Portillos mientras se resuelve la disputa de fondo entre ambos países.

Sin embargo, Costa Rica denunció no solo el ingreso sino la realización de trabajos de dragado, con graves efectos sobre el delicado equilibrio ambiental de la zona.

En esa ocasión, Nicaragua reconoció que sí hubo incursiones en isla Portillos pero afirmó que no fue por una decisión oficial, sino un acto individual de Edén Pastora, al tiempo que anunció que se había ordenado el retiro de personal y maquinaria.

Con este reconocimiento, Nicaragua intenta evitar que la CIJ dicte medidas adicionales, por considerarlas "innecesarias".