La jefa de fracción del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina, dijo que la decisión del gobierno obedece a razones prácticas, pero que no implica un desestimiento de ninguna de las dos iniciativas.

En relación con la fecundación “in vitro”, Molina explicó que  al sacarlo de la agenda momentáneamente el gobierno busca evitar que se convierta en un factor de distracción con respecto a otros proyectos que también urgen y respecto de los cuales ya han consenso.

No pasa lo mismo con el proyecto de legalización de la fecundación in vitro, que aún no tiene el número de votos necesarios para su aprobación. Sin embargo, el gobierno y la fracción oficialista trabajan en la búsqueda de los consensos necesarios, señaló la diputada.

El proyecto para la ampliación de la ruta 32 fue retirado a petición del ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, con el objetivo de hacerle las correcciones necesarias una vez que se haya concluido la negociación con las autoridades de China.

Entre las correcciones que el gobierno pretende hacerle al proyecto está la inclusión de un diseño de obra que no existía, así como la inclusión de garantías para que las empresas y la mano de obra nacionales tengan la mayor participación en el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, el contrato volverá al plenario a mediados de febrero, indicó la legisladora. Lo que no está claro es cuándo regresará a la Asamblea el proyecto de fecundación in vitro.

Boris Molina, el abogado de las familias que han protagonizado la lucha por el derecho a la aplicación de esta técnica reproductiva, dijo que quisiera no pensar que el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís está echando atrás con el compromiso de impulsar la normativa.

El litigante recordó que Costa Rica tiene una obligación legal y moral de aprobar la fecundación in vitro porque hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se lo ordena y dicha sentencia está por encima de la que pueda emitir cualquier tribunal local, pues Costa Rica no solo reconoce la jurisdicción de la Corte IDH sino que San José es su sede.