“Costa Rica aún mantiene una deuda con la población con discapacidad. La Defensoría ha evidenciado que el entorno –incluido el espacio físico, las comunicaciones y la información, entre otros- está diseñado y construido sin contemplar las necesidades específicas de las personas con discapacidad”, señala un comunicado de la institución con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La Defensoría puntualizó que, pese a los esfuerzos realizados por algunas municipalidades, persiste la falta de aceras accesibles o en mal estado, sobre todo en espacios semiurbanos. Esto -afirma- genera barreras para la circulación autónoma de las personas con discapacidad.

Otra forma “persistente” de discriminación está en las dificultades de acceso al transporte público, sea por incumplimiento de la normativa legal o porque los operarios de los autobuses no habilitan la rampa para el abordaje de los usuarios especiales.

La Defensoría anunció que ha iniciado una investigación de oficio con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas que garantizan la inclusión de los estudiantes con discapacidad en los centros de estudio.

En la evaluación e incluirán aspectos de planta física, adecuación de los planes de estudio, materiales didácticos, métodos de enseñanza, y servicios de evaluación, entre otros.

“Se pretende verificar los ajustes de necesidades individuales de cada estudiante, la disponibilidad de los apoyos que se requieran en forma personalizada y el acceso al aprendizaje de habilidades para la vida y desarrollo social”, explicó el organismo.

Otro aspecto de la evaluación será la calidad de la formación del personal docente y su adscripción a la filosofía sobre inclusividad en la educación. Con esta investigación no solo se pretende identificar las fortalezas y debilidades del sistema educativo público en la materia, sino promover la adopción de medidas que mejoren el servicio educativo para la población estudiantil con necesidades especiales.

“El Ministerio de Educación Pública (MEP) debe garantizar dicha inclusividad a estudiantes con y sin discapacidad, en un mismo ambiente con los apoyos requeridos y con una oferta que se adapte a las necesidades de cada uno de ellos y ellas”, apuntó.

Según dijo la Defensoría, la mayoría de las denuncias por violación a los derechos de las personas con discapacidad tienen que ver con la restricción del acceso a la seguridad social, básicamente las denuncias por dilación en el trámite de las pensiones del régimen no contributivo.

“Lo anterior evidencia que el nivel de pobreza en las personas con discapacidad es mayor que el resto de la población, lo que nos debe llevar como país a tomar medidas para mejorar los programas de colocación laboral de las personas con discapacidad”, opinó la entidad.