Imagen. Foto Presidencia de la República. Agustín Castro, ministro de Comunicación.
Si bien el Ejecutivo adelantó que está listo para negociar con el FMI no precisó la fecha de inicio de las sesiones de trabajo pero afirmó que todo el proceso se hará de manera transparente cuando se fije la fecha y conforme surja información relevante para compartir.
El gobierno insiste en señalar que sin una intervención del FMI, Costa Rica no logrará superar la crisis económica y social que se agravó con la pandemia por el nuevo coronavirus, y que obligó a tomar medidas sanitarias que afectaron las actividades productivas, comerciales y educativas.
Las protestas de los sectores productivos, lograron una prórroga en los tiempos de la negociación entre el gobierno y el organismo financiero internacional, para dar paso al Diálogo Multisectorial que tenía de fondo lograr acuerdos en las propuestas clave para superar la grave crisis que atraviesa el país.
Tras el diálogo, el presidente Carlos Alvarado anunció que los acuerdos del diálogo serían parte de la negociación con el FMI.
La Administración Alvarado, señala que la razón de ser de este proceso es dar una solución efectiva al problema fiscal del país “de manera permanente”, para lo cual acudió al Fondo Monetario Internacional, señaló este jueves el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
El primer logro será alcanzar un superávit primario del 1% en el 2023, que permitiría consolidar una trayectoria de estabilidad de mediano y largo plazo en las finanzas públicas del país, afirmó Castro.
El Ministro aseguró que en esa negociación se tomarán como base los acuerdos alcanzados en el Diálogo Multisectorial, a lo que “el Gobierno adicionará sus propias iniciativas para cubrir la diferencia aún faltante para alcanzar la meta”.
Como se planteó en ese diálogo, esto implica un ajuste fiscal de 2,5% del PIB. La meta es alcanzarlo con una solución que equilibre la reducción del gasto (1% del PIB, además de la reducción necesaria para cumplir la regla fiscal que será de 3 puntos del PIB en los próximos 4 años); con la reducción de exoneraciones (0,7% del PIB) y nuevos ingresos (0,8% del PIB).
La propuesta además de discutirse con el FMI, también se negociará con las fracciones parlamentarias que serán, en última instancia, quienes darán viabilidad al acuerdo entre el FMI y el gobierno.